Un estudio de la OCU revela que más de 70.000 dependientes sigue esperando las ayudas comprometidas por el Estado. La OCU ha presentado hoy una encuesta que ha realizado entre personas dependientes, sus familiares y sus cuidadores para conocer cuál es la situación real de la dependencia en España. Según la organización de consumidores, el Gobierno sólo acepta el 56% de las solicitudes que recibe, y de ellas sólo el 45% son atendidas tras una larga espera que, en muchos casos, supera los dos años.
Mientras tanto, son los dependientes y sus familias los que tienen que asumir los costes de la atención, cuando según la encuesta de la OCU sólo un 10% de los afectados tiene capacidad económica para no necesitar ningún tipo de ayuda de la Administración pública. “Son muchos miles de personas las que se ven afectadas por este mal funcionamiento del sistema de ayudas”, remarca la organización en una nota de prensa, en la que denuncia que “más de 70.000 dependientes siguen esperando las ayudas” que contempla la Ley de Dependencia.
Las respuestas de los 850 consultados por la OCU, así como los datos de la propia Administración pública, revelan que “la situación de los dependientes y sus familias ha ido empeorando, sobre todo tras la aprobación de la Ley de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria en 2012”. En este sentido, casi el 20% de los dependientes opina que no está bien atendido y un 34% considera que dicha atención podría ser mejor.
Además, la organización critica que a día de hoy “no reciben ningún tipo de ayuda el 41% de los grandes dependientes, ni el 51% de los dependientes severos, ni el 60% de los moderados” a los que les corresponde por ley.
“El perjuicio derivado de los recortes presupuestarios lo sufren en este caso por igual los dependientes como sus familias”, indica la OCU, que señala que “en el caso de los primeros han visto una merma del 15% de las cantidades que percibían” mientras que las familias se han visto perjudicadas por la supresión de la exención de la cotización a la Seguridad Social que podían aplicarse los familiares que se dedicaban a atender a los dependientes, y que ha provocado que un 90% de los cuidadores no profesionales haya tenido que darse de baja.
“A todo ello se suma el retraso en la aplicación del calendario de ayudas a nuevos dependientes moderados y un endurecimiento de las condiciones para ser reconocido como gran dependiente”, dice la organización de consumidores, que pone de manifiesto que pese a estas dificultades los familiares “siguen representando el principal apoyo de los dependientes”.
Tal y como dice, “los implicados tienen que adaptarse como pueden: el 21% de los familiares ha tenido que dejar su trabajo o reducir su jornada y el 14% se ha mudado a casa de un familiar dependiente para poder atenderlo”, explica la OCU, que dice que “de igual manera, un 14% de dependientes ha tenido que dejar su casa para irse a vivir con algún familiar”.
