Los jueces consideran que el presidente de la Generalitat, su vicepresidenta y la consejera de Educación pudieron cometer un delito de desobediencia. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido hoy por mayoría admitir a trámite todas las querellas y denuncias contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, relacionados con la supuesta desobediencia al organizar el proceso participativo del 9 de noviembre sobre la independencia, “así como todos aquellos hechos que, de manera directa o indirecta, estén relacionados”.
Según ha informado el TSJC, la Sala Civil y Penal sólo ha admitido las que apuntan a alguno de estos tres cargos y relativos a la supuesta desobediencia de la resolución del Tribunal Constitucional (TC) del 4 de noviembre que suspendió la consulta alternativa, aunque no concreta qué delitos atribuye.
El tribunal no ha admitido, sin embargo, las querellas y denuncias que se habían presentado contra el conseller de Interior, Ramon Espadaler; el portavoz del Govern, Francesc Homs, ni contra el líder de ERC, Oriol Junqueras.
Tampoco ha aceptado a trámite las que apuntaban a la presidenta del Parlament, Núria De Gispert, ni hacia los miembros de la mesa de la Cámara catalana Anna Simó, Lluís Corominas, Josep Rull y David Companyon.
Además de admitir a trámite las acusaciones contra Mas, Ortega y Rigau, el tribunal ha decidido que todos estos procedimientos se acumulen en la querella más antigua, que es la presentada por el sindicato Manos Limpias.
Así lo ha decidido este lunes por la mañana en una reunión de unas cuatro horas la Sala Civil y Penal del TSJC, formada por los cinco magistrados titulares de la misma (Maria Eugènia Alegret, Carlos Ramos, Enric Anglada, Manel Abril y Francisco Valls) y el presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, según informa Europa Press.
Entre las querellas presentadas, está la de la Fiscalía contra Mas, Rigau y Ortega por haberse “negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución”, al organizar el 9N.
En ella, el Ministerio Público pidió imputarles, además de desobediencia, los presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales y malversación de caudales públicos
