Las organizaciones que ejercen la acusación popular en el ‘caso Bárcenas’ afirman que la decisión de “apartar” al juez “es el colofón a los múltiples obstáculos puestos en la instrucción”. Los impulsores de la ‘querella Bárcenas’ (IU, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad) han anunciado “movilizaciones y actos de protesta” ante el “cese en tres meses del juez Ruz”, que, en su opinión, es lo que realmente ha decidido en Comisión Permanente el Consejo General del Poder Judicial”.
Para estas organizaciones, la decisión de “apartar” al juez de la Audiencia Nacional “es el colofón a los múltiples obstáculos puestos a la instrucción” del ‘caso Bárcenas’ y “pone en evidencia cómo han trabajado el PP y sus responsables en un buen número de las instituciones que controla para conseguir que los presuntos delitos queden impunes”.
Hace casi dos años, el pasado 28 de febrero de 2013, estas organizaciones registraron una querella criminal contra varios altos responsables del PP y presidentes de grandes compañías constructoras por las implicaciones penales que se desprendían de los ‘papeles de Bárcenas’, lo que dio pie, según recuerdan en un comunicado, a la apertura de una pieza separa en relación a este caso concreto que se instruye desde entonces.
Esta acción, así como la instrucción desarrollada por Ruz, ha logrado, entre otras cosas, que se haya imputado a 31 personas y que se haya podido dar como acreditada la existencia de una ‘contabilidad B’ en el partido que sustenta al Gobierno de Mariano Rajoy. “Pero no es menos cierto que las dificultades impuestas durante toda esta etapa por el propio PP y por sus responsables en un buen número de las instituciones que controla han hecho muy difícil este trabajo”, afirman los querellantes.
Y es que, primero, se decidió sumar la ‘querella Bárcenas’ al ‘caso Gürtel’ “para tratar de evitar así que cayera en manos del juez Gómez Bermúdez, no sin flagrantes irregularidades y saltándose los criterios de reparto de casos de la Audiencia Nacional”. Asimismo, tal y como denuncian, “el ministerio fiscal ha venido trabajando más como defensa de los imputados que en su verdadero papel como garante de los intereses colectivos”.
Tampoco olvidan estas asociaciones que “durante esta accidentada y compleja instrucción se han producido nada menos que tres sustituciones en la cúpula de la UDEF, presumiblemente para conseguir un mayor control gubernamental sobre lo que se investigaba”.
A todo esto hay que unir “las ‘misteriosas’ desapariciones de agendas y los registros de ingresos en la sede madrileña del PP, o el formateado y desaparición de discos duros de ordenadores con contenidos que incidían directamente en esta causa”.
“A pesar de todas estas trabas, las cinco organizaciones querellantes hacemos un balance positivo de lo conseguido hasta ahora”. Y lo hacen tras el “cese en tres meses del juez Ruz, que es lo que realmente ha decidido en Comisión Permanente el Consejo General del Poder Judicial”.
Los impulsores de esta querella comprueban “una vez más con estupefacción cómo destacados representantes del poder político y económico maniobran para que la Justicia no les alcance” y “no vamos a permitirlo”.
Para ello, anuncian las mencionadas manifestaciones y protestas de “denuncia pública” para evitar que los presuntos delitos “queden impunes” y se salgan con la suya “los culpables de la enorme transferencia de dinero público y privado realizada a unos pocos bolsillos a través de actividades ilícitas”.
