El 18 de junio de 2014 el Rey Juan Carlos sanciona su última ley como monarca: la de su propia abdicación. La caída en picado de la valoración de la Monarquía, como consecuencia de escándalos como el ‘caso Nóos’ o el viaje a Botsuana, desembocó en la abdicación del Rey Juan Carlos en favor de su hijo. A pesar de que el reinado de Felipe VI comenzó con buen pie, con nuevas medidas de control a la Corona, la imputación a principios de noviembre de la infanta Cristina por dos delitos fiscales empañó la campaña de lavado de imagen emprendida por el nuevo monarca.
El paso atrás de don Juan Carlos fue anunciado por Mariano Rajoy el 2 de junio por medio de una declaración institucional en La Moncloa, la primera desde que el presidente accedió al cargo. Unos días después, el monarca sancionaba su última ley: la de su propia abdicación. Y lo hacía en un acto solemne en el salón de columnas del Palacio Real, escenario donde se firmó el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en 1985.
Al acto asistieron la Reina Sofía, los príncipes de Asturias y sus hijas, la infanta Elena y las hermanas de don Juan Carlos. La infanta Cristina, aunque viajó a Madrid para asistir a una celebración íntima de la familia, no estuvo presente en el acto público.
Un día después de esta ceremonia tuvo lugar la proclamación de Felipe VI en el Congreso de los Diputados, junto a la Reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Allí, el nuevo monarca juró “desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas”.
En su primer discurso como Rey, Felipe VI anunció una “monarquía renovada para un tiempo nuevo” con “una conducta íntegra, honesta y transparente” y apuntó a Cataluña como la principal preocupación de su reinado recién inaugurado. Así, destacó su deseo de una “España unida y diversa, basada en la igualdad de los españoles, en la solidaridad de los pueblos y en el respeto a la ley, cabemos todos; caben todos los sentimientos y sensibilidades, caben todas las formas de sentirse español”.
Medidas de control para evitar otro ‘caso Nóos’
El lavado de imagen de la Corona no se limitó a un cambio de cara. Pocos días después de su proclamación, Felipe VI anunció la prohibición a los miembros de la Casa Real de trabajar en el sector privado. También una auditoría externa de sus cuentas gracias a un convenio de colaboración con la Intervención General del Estado. Asimismo, a partir de ahora los integrantes de la Familia Real -compuesta por don Felipe, doña Letizia, los reyes Juan Carlos y Sofía, la princesa de Asturias y la infanta Sofía- tendrán que desempeñar sus tareas institucionales de forma exclusiva.
Otra medida de calado es el hecho de que las infantas Elena y Cristina no percibirán retribución alguna ni desarrollarán “actividades de carácter institucional”.
Paralelamente, antes del 31 de diciembre de este año Felipe VI se ha propuesto aprobar un régimen jurídico de los regalos recibidos por parte de los miembros de la Familia Real, así como un Código de Conducta para el personal de la Casa, informó Europa Press.
La institución, además, contará con asesoría jurídica permanente de la Abogacía del Estado, y se ha anunciado también que habrá un convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Comercio que regulará la labor de asesoramiento en la función de la Corona a la promoción de los intereses económicos españoles.
Con estas medidas Felipe VI quiere evitar nuevos escándalos en torno a la Monarquía, algo que ya dejó entrever en su discurso de proclamación cuando advirtió que la Corona debe observar “una conducta íntegra, honesta y transparente”. Según dijo, sólo preservando la “dignidad de la institución” y su “prestigio” podrá ganarse el “aprecio, el respeto y la confianza” de los ciudadanos.
El debate sobre el modelo de Estado
La abdicación del Rey Juan Carlos, que cogió por sorpresa a propios y extraños, desató un debate nacional sobre el modelo de Estado. No fueron pocos los que aprovecharon la oportunidad para pedir que se convocara un referéndum para que los ciudadanos eligieran entre Monarquía o República.
Partidos como Podemos, Equo e IU se movilizaron en las redes sociales para animar a la gente a pedir el citado referéndum y a reclamar un proceso constituyente que desembocara en una República. Este asunto amenazó con provocar un cisma en el PSOE, ya que la corriente interna Izquierda Socialista y las Juventudes Socialistas se posicionaron en contra de la proclamación del Rey Felipe VI antes de consultar al pueblo sobre el modelo de Estado.
El debate fue muriendo poco a poco después de que la proclamación de los nuevos reyes, especialmente después de que Felipe VI anunciara nuevas medidas de control a la Corona y mostrara un talante conciliador respecto a Cataluña.
La hermana del Rey, a un paso del banquillo
Pero los intentos del monarca de desmarcarse de los escándalos del pasado se dieron de bruces con la imputación de la infanta Cristina. El 7 de noviembre, la Audiencia de Palma anunciaba que mantenía la acusación contra ella por dos delitos fiscales pero archivaba la causa por blanqueo de capitales. Un varapalo para los nuevos reyes, que desde que estalló el ‘caso Nóos’ habían roto todo tipo de relación con los duques de Palma.
El abogado de la infanta Cristina Miquel Roca informó, poco después de conocerse la decisión de la Audiencia de Palma, de que esperaba que la Fiscalía pidiera el sobreseimiento del caso para que el juez pudiera tener en cuenta la llamada ‘Doctrina Botín’, es decir, que no se pueda abrir juicio sólo con la acusación popular, en este caso
Manos Limpias. El objetivo, evitar que la hermana del Rey se siente en el banquillo. El fiscal, por su parte, anunció que, efectivamente, pediría el sobreseimiento de la causa.
Para Manos Limpias, sin embargo, es muy improbable que el juez Castro acceda a aplicar la ‘doctrina Botín’, entre otras cosas, porque no se ha hecho referencia a ella en todo el proceso. Paralelamente, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) pidieron a la Agencia Tributaria que rectifique y pida a la Abogacía del Estado que presente un escrito de acusación contra la infanta Cristina pidiendo su responsabilidad penal por la comisión de delitos fiscales. De este modo, recuerdan, se evitaría la aplicación de la ‘doctrina Botín’ y el archivo del proceso contra ella.
