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La corrupción ‘da la puntilla’ al bipartidismo

Hemiciclo del Congreso de los Diputados
Hemiciclo del Congreso de los Diputados
La sucesión de escándalos pone contra las cuerdas a los pesos pesados de unos partidos que se tambalean tras seis años de profunda crisis económica.
La sucesión de escándalos pone contra las cuerdas a los pesos pesados de unos partidos que se tambalean tras seis años de profunda crisis económica y la adopción de unas políticas de recortes y austeridad cada vez más cuestionadas por el injusto reparto de los sacrificios.

El año 2014 se recordará por el 'rosario' de casos de corrupción que afectan a la clase política, unos escándalos que han hecho tambalear al bipartidismo instalado en España desde la Transición como pusieron de manifiesto los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo y las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) respecto a las próximas generales. La corrupción ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de una sociedad escandalizada por el inusitado aumento de la desigualdad, exclusión social, precariedad (sobre todo de los jóvenes) y hasta la aparición de la pobreza infantil.

Este goteo de corruptelas ha dejado especialmente malherido al PP ya que los escándalos han puesto contra la pared a quienes fueran ‘pesos pesados’ de la formación como Rodrigo Rato, Ángel Acebes o Francisco Granados, pero no se han salvado ni el PSOE ni los estamentos financieros.

La trama corrupta que sacó a la luz la ‘Operación Púnica’ ha dado el hachazo definitivo, no sólo por los numerosos implicados, un total de 51, sino porque ha llevado a la cárcel a todo un exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, pero también a un presidente de Diputación, y a seis alcaldes de distintos municipios madrileños, a los que se les acusa de participar en una trama de corrupción municipal y autonómica que habría adjudicado contratos públicos por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales.

Con el agravante de que el juez considera al ex número dos de Esperanza Aguirre uno de los cabezas de esta organización criminal a la que le atribuye ni más ni menos que ocho delitos: contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude.

Llueve sobre mojado

Pero es que antes de esta macrorredada, la indignación ya era un clamor tras destaparse el conocido como el caso de las tarjetas b, opacas o black de Caja Madrid, o como quieran llamarse, pero que en definitiva puso de manifiesto cómo dilapidaron el dinero de la entidad financiera los directivos de la rescatada caja madrileña con una tarjeta que supuestamente era para gastos de representación pero que se gastaron en clubes, discotecas, viajes, pieles, lencería, vinos.... Todo ello después de la 'estafa' de las preferentes.

De momento, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu atribuye a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, y a Rodrigo Rato, de Bankia, la plena responsabilidad por este sistema de tarjetas de crédito opacas que permitió a 83 consejeros de ambas entidades cargar 15,5 millones de euros en gastos personales a las cuentas de la caja, por lo que -tras tomarles declaración como imputados- el magistrado impuso una fianza de responsabilidad civil de 16 millones de euros para Blesa y de tres millones para Rato.

Acebes y la financiación b del PP

Las novedades del caso de los papeles de Bárcenas y la investigación sobre la supuesta contabilidad B del Partido Popular, con la que presuntamente se pagaron sobresueldos o se pagó la reforma de la sede central del partido, también han hecho mella en la opinión pública, después que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz citara como imputado a Ángel Acebes, ex ministro de José María Aznar y exsecretario general del Partido Popular.

El magistrado, que investiga la supuesta contabilidad B del PP en una pieza separada del ‘caso Gürtel’, imputó a Acebes por la compra de acciones de la Libertad Digital con cargo presuntamente esa presunta la ‘caja B’ de los populares.

2014 también se recordará por ser el año en que Jaume Matas tuvo el dudoso honor de convertirse en el segundo expresidente autonómico (después Gabriel Urralburu y el segundo ex ministro (después de José Barrionuevo) que acabó con sus huesos en la cárcel.

El ex presidente del Govern balear y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, ingresó en el mes de julio en la prisión provincial de Segovia para cumplir la pena de 9 meses de reclusión por tráfico de influencias a la que fue condenado en el marco del 'caso Palma Arena'.

Matas fue condenado en primera instancia a seis años de cárcel, posteriormente rebajados a nueve meses por el Tribunal Supremo, por el trato de favor recibido en forma de fondos públicos por Antonio Alemany, el periodista que le redactaba discursos.

Pujol marcó el punto de inflexión

Sin embargo, fue la confesión de Jordi Pujol, el hombre que presidió la Generalitat catalana durante 23 años, lo que marcó un antes y un después en el sentir general contra una forma de hacer política. Que el expresidente de la Generalitat, con una papel destacado en la Transición y en la vida política española, confesara en julio que su familia había mantenido oculta durante 30 años, fuera de España y sin declarar, una herencia millonaria supuso una gran conmoción no sólo para la clase política catalana sino para la de toda España.

Descubrir que el Molt Honorable no lo era tanto, hizo tambalearse los cimientos de la política, con el agravante de que la admisión de fraude fiscal, realizada por Pujol para arrojar luz sobre el patrimonio de sus hijos, puesto en duda en distintos procesos judiciales, no consiguió el objetivo que buscaba el patriarca del clan Pujol. Ya que tras la confesión del Jordi Pujol comenzaran a confirmarse las sospechas de los negocios turbios de su esposa e hijos, con la detención por blanqueo y fraude del hijo pequeño de la familia, Oleguer Pujol.

La puntilla, si es que hace falta que al toro del bipartidismo le den alguna estocada más, podría darla la operación puesta en marcha el pasado 11 de noviembre por la juez Alaya, la magistrada que también instruye el caso de los ERE, un dispositivo que ha desmantelado una “red criminal” para amañar contratos públicos con ramificaciones en 13 provincias españolas.

Las diligencias de dicha operación, declaradas secretas desde julio de 2013, surgieron durante la investigación del caso Mercasevilla, germen, a su vez, del asunto de los ERE de Andalucía, que acumula 229 imputados. Gran parte de las detenciones afectan al Ayuntamiento de Sevilla, por corruptelas acaecidas a partir de 2005, entonces en manos del PSOE, que gobernó hasta 2011.

Ana M. Pastor

Convencida de que “la información es poder” pero no para los periodistas sino para todos los mortales, he convertido la manía de escribir noticias en mi modo de vida y de pagar facturas. “Peleada” con los números y la economía, me centro en la información nacional y de Madrid, esa que llaman “local” pero que es la que puede resultar más útil por ser la más cercana. Los problemas sociales, laborales y vecinales son mi pan de cada día. Con un objetivo: dar “cancha” a las minorías.

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