La Justicia cree que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. El Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Coordinadora 25S contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el jefe superior de la Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez, por la prohibición de símbolos republicanos durante la proclamación de Felipe VI celebrada en junio.
Según informa Europa Press, que cita un auto al que ha tenido acceso, la juez considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, los derechos individuales y de otro de detención ilegal. De modo que la magistrado ha pedido a la Dirección General de la Policía el informe de la Abogacía del Estado por el que se dieron instrucciones sobre cómo tenían que actuar ese día los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en relación al desarrollo de los acontecimientos referentes a la proclamación del nuevo monarca. El juzgado también quiere conocer el bando dictado por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en relación a la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI.
La Dirección General de la Policía acordó, en base a un informe de sus servicios jurídicos y de la Abogacía del Estado, la prohibición de toda expresión pública, individual y colectiva de signo republicano o antimonárquico, especialmente en el centro de Madrid ese día, dando orden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que actuaran en consecuencia.
En la querella criminal presentada este verano por la Coordinadora 25S, organizadora de diferentes protestas de Rodea el Congreso, los tres querellantes aseguran que se han visto perjudicados y han sufrido «personal y directamente» los delitos que se denuncian como personas individuales y como integrantes de la plataforma.
