Su presidente, Ransés Pérez Boga, señala que en el caso Pujol lo primero que hay que saber es de dónde viene el dinero para determinar el delito. El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga, ha explicado en “La Mañana” de la Cadena COPE las consecuencias que podrían tener los delitos fiscales en el caso Pujol. Señala que “la primera pregunta que habría que hacer es de dónde viene ese dinero para determinar el delito”.
Pérez Boga ha indicado que “cualquier ciudadano puede tener dinero en un paraíso fiscal si previamente se ha declarado. Otro caso es que la persona vaya rebuscadamente a los paraísos fiscales porque quiere, o bien ocultar el origen ilícito de ese dinero u ocultar las ganancias que le está produciendo”. Ha matizado que “en el primer caso estaríamos cometiendo un delito por ese origen ilícito y en el segundo un delito fiscal porque se hurta de las declaraciones fiscales”.
Respecto a las prescripciones de los delitos, Ransés Pérez Boga ha afirmado que la normativa fiscal establece un periodo de 4 años, “un periodo demasiado corto”. Ha añadido que “si lo que se está ocultando es algo que está en el extranjero no prescribe jamás, en este caso la normativa es muy dura, se puede perseguir aunque haya pasado tiempo”.
Pérez Boga recuerda que el colectivo que preside ha solicitado “un mínimo de 10 años para la prescripción de cualquier tipo de delitos fiscal, es necesario tener más tiempo para poder descubrirlos”.
Por último, el presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda ha matizado que en el caso de la familia Pujol, y en el caso de que hubiera regularizado espontáneamente sus cuentas en el extranjero, “la multa sería prisión y el montante económico estaría entre el 100% y el 600% del dinero defraudado”.
