Los informes de Ana Garrido Ramos, técnico del Ayuntamiento de Boadilla, fueron claves para la investigación de la trama de Francisco Correa en este municipio de Madrid. La Asociación ¿Hay derecho? se ha propuesto poner a prueba la regeneración democrática de la que presume el Gobierno, así como su compromiso por acabar con la corrupción. Para ello, ha iniciado una campaña en Change.org para que concedan la medalla de la Orden al Mérito Civil a Ana Garrido Ramos, empleada pública del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que destapó el caso Gürtel.
Una iniciativa que cuenta ya con más de 143.000 firmas de apoyo. Y eso, que la campaña nació hace apenas un mes, a principios de agosto. Fue entonces cuando el mencionado colectivo decidió poner en marcha esta recogida de rúbricas para que a Garrido Ramos se le reconozca su labor.
Los informes de la técnico del Ayuntamiento de Boadilla del Monte “fueron vitales para la investigación de la trama Gürtel en este municipio madrileño, el más castigado por la corrupción de la trama de Francisco Correa”, se señala en el texto que se adjunta a esta campaña.
Unos documentos, de 2007, que la funcionaria elaboró para reunir pruebas “cansada de ver cómo se amañaban concursos públicos y licitaciones en el municipio e indignada por la sospecha de que varios miembros de ese ayuntamiento estaban implicados en tramas de corrupción”, remarca la Asociación ¿Hay derecho? que recuerda que dieron lugar a la investigación de la trama Gürtel, “una de las mayores tramas de corrupción de las últimas décadas”.
A pesar de ello, Garrido Ramos no ha recibido reconocimiento alguno. Todo lo contrario. “Empezó a sufrir presiones y acoso por parte de superiores y antiguos compañeros, por lo que se vio obligada a emigrar temporalmente a Sudamérica”, critica este colectivo que recoge una sentencia favorable de este mismo año del Juzgado de lo Social de Móstoles que condena al Ayuntamiento de Boadilla por ‘mobbing’.
“Cuando no hay sistemas de protección para personas como Ana, la sociedad civil debe reconocerle el mérito que han tenido y pedir que el Estado se lo reconozca, y lo más apropiado es la condecoración”. De ahí que se solicite que se le conceda la Orden del Mérito Civil, “un reconocimiento reservado para aquellos funcionarios o empleados públicos que hayan prestado servicios relevantes y ejemplares al Estado español”.
