En el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el ministro de Hacienda y las regiones autonómicas no han tratado temas como ese o el pago por recetas. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y las comunidades autónomas finalmente no han tratado este jueves, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la batería de medidas que las autonomías habían presentado para su estudio y que afectaban a la sanidad, como el copago por asistencia a consulta médica y las urgencias o el pago por las recetas. El sector sanitario había expresado su rechazo a estas medidas.
Fuentes de Hacienda, citadas por Europa Press, han explicado que las más de 70 medidas de corte sanitario incluidas en un total de 255 medidas «para la racionalización y mejora de la eficiencia del gasto público» del documento redactado por un grupo de trabajo creado ‘ad hoc’ el pasado mes de junio, no se han tratado en la reunión y tampoco lo ha reclamado así ningún consejero. Tampoco avanzaron si serán tratadas en la próxima reunión del consejo.
Se trata de unas propuestas que, tal y como ha aseguró el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, han sido planteadas por las comunidades y no por el Ejecutivo. De hecho, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad descartó inmediatamente que se fuera a implantar cualquier fórmula de copago sanitario al haber logrado una «estabilidad» en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Entre las medidas incluidas en el citado documento figuran el copago por la falta de asistencia a citas programas, el de asistencia a consulta médica y de Urgencias, el de prestaciones ortoprotésicas y el copago por interrupciones del embarazo y fecundaciones ‘in vitro’.
Además, figuran la posibilidad de establecer una cuantía mínima por expedición de recetas a los pacientes, diferenciando entre pensionistas y trabajadores activos y teniendo en cuenta a los enfermos crónicos, la posible desgravación fiscal para ciudadanos con seguro médico privado, la revisión de la cartera de servicios, la regulación de los turnos médicos y centralización de las guardias, o la posibilidad de establecer una regulación «más clara» para la atención sanitaria a la población inmigrante.
También se plantean alternativas de cómo controlar el número de prescripciones por pacientes, el alquiler de instalaciones al sector privado, el cobro de aparcamientos en los hospitales, el establecimiento de tasas hosteleras en los centros médicos o la compensación económica específica a las autonomías por el incremento del IVA sanitario.
