Los sindicatos han ratificado la convocatoria tras reunirse con Fomento y no lograr un acuerdo para solucionar los problemas que denuncian. Las organizaciones de consumidores sugieren a los viajeros que reclamen si sufren retrasos. En unas horas arrancará la huelga que han convocado los sindicatos de Renfe y Adif en plena operación salida, unos paros que fueron ratificados ayer tras haberse reunido estas organizaciones con el Ministerio de Fomento y no haber logrado un acuerdo para solucionar los problemas que denuncian. En Renfe habrá huelga un día, el 31 de julio, mientras que en Adif serán dos: el jueves y el viernes 1 de agosto.
Tal y como ha informado CCOO en una nota, ayer se ratificaron los paros porque “a pesar de los esfuerzos realizados en las negociaciones, el Ministerio de Fomento no se compromete a solventar el problema de escasez de plantilla ni a frenar las externalizaciones en áreas que tenían carga de trabajo suficiente para su personal”.
El sindicato se queja de que el departamento que dirige Ana Pastor no ha dado ninguna facilidad para resolver el conflicto y desconvocar los paros, por lo que ha decidido seguir adelante. Por ejemplo, en relación con las externalizaciones CCOO denuncia que la dirección de Adif hace unos días comunicó el traslado forzoso de 415 personas, “muchas de la cuales se ven en esta situación tras las decisión de subcontratar el trabajo que realizaban”.
Es por ello que el sindicato ha defendido ante el Ministerio la creación de un “holding público de que integre Renfe y Adif, que aúne la infraestructura ferroviaria y el operador de transporte, como se ha hecho en otros países europeos”, una propuesta con la que Ana Pastor se mostró favorable, asegurando que la defendería desde su departamento.
Y aunque la huelga comenzará en unas horas, la presión ya ha empezado a funcionar. Según el secretario general del Sector Ferroviario de FSC-CCOO, Manuel Nicolás Taguas, en el Consejo de Administración del Grupo empresarial Renfe celebrado a principios de semana se acordó la “contractualización entre las empresas del grupo”, tal y como se firmó en el acuerdo de garantías alcanzado ante el ministerio el 18 de diciembre de 2013 y que “la dirección de la empresa venía incumpliendo y dejando pasar hasta ahora”.
“Este incumplimiento era una de las razones que motivaban la convocatoria de huelga, si bien la fundamental, que es la de la escasez de personal, sigue sin visos de solucionarse por parte de la dirección de la empresa”, ha destacado CCOO.
Reclamaciones
Por su parte, ante los inminentes paros con los que se encontrarán los ciudadanos que comiencen sus vacaciones esta semana, algunas organizaciones de consumidores se han lanzado a dar consejos a los viajeros. Este es el caso de FACUA, que ha recomendado a los afectados por huelga que reclamen una indemnización a las empresas ferroviarias si sufren retrasos en su viaje.
En un comunicado, FACUA insta a los usuarios a adoptar estas medidas ya que es “injusto” que los consumidores “soporten los cargos de la huelga abonando ellos los perjuicios económicos que les supongan los retrasos o las cancelaciones de sus billetes”.
Asimismo, recuerda que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida el 26 de septiembre de 2013, dicta que “una empresa ferroviaria no tiene derecho a incluir en sus condiciones generales de transporte una cláusula según la cual quedará exenta de su obligación de indemnización por el precio del billete por causa de retraso, cuando el retraso se deba a un supuesto de fuerza mayor”. Es decir, que obliga a indemnizar a los viajeros.
Esta organización señala que el Reglamento europeo 1371/2007 establece que si se anula un tren, o si el transportista puede prever objetivamente, por experiencia, que se llegará al lugar de destino con más de 60 minutos de retraso, el viajero podrá exigir “el reintegro del importe total del billete -en las condiciones en que este haya sido abonado- correspondiente a la parte o partes del viaje no efectuadas”. Y si el viajero no hace valer esta pretensión, la norma prevé indemnizaciones del 25% del precio del billete “en caso de retraso de entre 60 y 119 minutos” o del 50% si éste es “igual o superior a 120 minutos”, “sin por ello renunciar a su derecho al transporte”.
FACUA remarca que esta norma habla también de la no exclusión de otros derechos de los pasajeros como es la asistencia. En este sentido dice, aludiendo a la mencionada normativa europea, que “si el tren llega a su destino con, al menos una hora de retraso, el pasajero tiene derecho a comida y bebida, en función del tiempo de espera”, así como al “alojamiento, si la espera se prolonga hasta el día siguiente”.
La asociación recuerda además lo previsto en la normativa española el Real Decreto 2387/2004, del 30 de diciembre, para el caso de la suspensión del viaje. Este decreto señala que “en caso de cancelación del viaje, el viajero tendrá derecho a que se le devuelva el precio pagado por el servicio”.
