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“La delegada del Gobierno en Madrid aplica la Ley Mordaza por defender un espacio protegido”

Sede de Ecologistas en Acción

“La delegada del Gobierno en Madrid ha aplicado la Ley Mordaza a la coordinadora de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, María de los Ángeles Nieto, por denunciar vertidos ilegales en una finca protegida, junto al monte de El Pardo”, según denuncia esta ONG en un comunicado.

Esta organización ambientalista explica que se acusa a la activista de “una infracción grave por desobediencia, se le impone una multa de 600 euros y se la incluye en el Registro Central de Infracciones contra la seguridad ciudadana”, una sanción que la activista ha recurrido y que aprovecha para recordar su rechazo a una norma que considera “sólo pretende atemorizar a la ciudadanía para que acepte todo tipo de abusos e injusticias”.

Ecologistas en Acción precisa que hechos sucedieron el 27 de julio de 2016 cuando Nieto y tres compañeros se concentraron a la entrada de la finca El Calverón, en el municipio de Madrid. Y explican que esta finca es colindante al monte de El Pardo y está incluida en el espacio protegido del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en suelo rústico, alejada de la zona urbana y de infraestructuras viarias.

Recuerda el colectivo verde que “en esta finca, durante meses, se estuvieron vertiendo camiones de escombros y tierras procedentes de obras de construcción, degradándola y convirtiéndola en un inmenso vertedero. Después de numerosas denuncias vecinales sin que las administraciones regional y local tomaran medidas, Ecologistas en Acción decidió concentrarse con pancartas en la entrada de la finca y convocar a los medios de comunicación”.

Y explica que el objetivo era lograr que la Consejería de Medio Ambiente o el Ayuntamiento de Madrid ordenasen la paralización de los vertidos ilegales. Lo que dicen sucedió, dos días después, el 29 de julio, cuando el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio anunció en la red social Twitter la paralización de los vertidos. Indicando que, posteriormente en marzo de 2017, el Director General del Medio Ambiente impuso una sanción de 180.000 euros al propietario de la finca por el vertido de 51.492 metros cúbicos de tierras y 2.729 metros cúbicos de escombros.

Ecologistas recalca que “pesar de que se trató de una acción pacífica contra una agresión ambiental evidente, en el momento de la protesta se personó la Policía Nacional requiriendo la identificación a los activistas, impidió a las cámaras de televisión que grabasen imágenes de la finca y se negó a solicitar la autorización de vertido al propietario”. Y afirma que “ante esta situación, Mª Ángeles Nieto, antes de mostrar su documentación, preguntó los motivos de la identificación” haciendo notar que informar sobre las razones de la identificación es una obligación recogida en el artículo 16.2 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza.

Y añade que “a juicio de Nieto, no se daban las circunstancias que justificasen esa identificación”, ya que “la acción se desarrollaba en una zona rústica sin causar molestia alguna, más allá de la incomodidad mostrada por el propietario de la finca.

Sin embargo, siempre según Ecologistas, un año después, Nieto, ha recibido la notificación de la Delegada del Gobierno en Madrid, acordando -en base a la Ley Mordaza- la sanción de 600 euros por infracción grave por desobediencia al negarse en reiteradas ocasiones a identificarse ante los agentes de la autoridad” y se le indica que una vez sea firme la sanción, se procederá a su anotación en el Registro Central de Infracciones contra la seguridad ciudadana, a efectos de apreciar reincidencia.

La ONG critica que “el relato de los hechos policiales ni el lugar donde se sitúan, coinciden con la realidad”, ya que “según el acta policial, la coordinadora de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, se encontraba en la carretera Fuencarral-El Pardo obstaculizando unas obras que se realizaban en la finca La Muñoz” cuando, según esta organización la protesta se realizaba en la finca El Calverón, que dista 350 metros en línea recta de la carretera Fuencarral-El Pardo y de la finca La Muñoza. Recalcando que ni había obras en La Muñoza ni se obstaculizó el paso de ningún camión, unos hechos de los que ponen como testigos a los periodistas La Sexta y Onda Madrid que estaban presentes durante el acto

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