Qué: “Violaciones ambientales y contra los Derechos Humanos”. Quién: “Grandes corporaciones empresariales”. Donde: “Guatemala, México, Europa. Todo el planeta”.
Palabras clave del último informe de Greenpeace sobre la falta de responsabilidad de las multinacionales cuando sus actividades atacan derechos humanos o medioambientales.
Con el inicio del foro de Davos a la vuelta de la esquina, la ONG quiere mostrar cómo las grandes multinacionales han estructurado un marco regulatorio fiel a sus intereses, comprado la voluntad política con puertas giratorias e incrementado su influencia en la toma de decisiones públicas para favorecer que las reglas del comercio y la inversión les beneficien y defiendan ante la justicia internacional.
La representación española en esa lista corre a cargo del Grupo Cobra, filial del emporio de Florentino Pérez, ACS, por su participación en un proyecto hidroeléctrico en Guatemala. Greenpeace denuncia que la compañía ha causado un grave impacto medioambiental y sobre las comunidades locales del que por el momento ha salido impune.
“Es especialmente significativo porque ilustra la inutilidad de las medidas de carácter voluntario, los dobles estándares y los vacíos legales para la rendición de cuentas cuando las grandes corporaciones actúan en el extranjero en calidad de subcontratas”, critica el informe sobre ACS, a la que acompañan corporaciones como Nestlé, Novartis, Monsanto o Exxon, entre otras.
Para Greenpeace, el caso de Cobra “ilustra cómo las corporaciones con sede en Europa obtienen beneficios en países en desarrollo sin respetar los DDHH y el medio ambiente”. ACS participó en varias fases de la construcción de una estructura para controlar el cauce del río Cahabón, en Guatemala, a lo largo de 30 kilómetros.
Del agua de ese río viven unas 29.000 personas de la comunidad Quekch, con lo que “la drástica reducción del caudal del río supuso acabar con el derecho al acceso a agua potable” de todas ellas. “Además de las graves carencias del procedimiento de evaluación ambiental y fallos en el proceso de consulta a los pueblos indígenas, el proyecto ha producido un daño ambiental significativo”, critica Greenpeace.
El proyecto fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas guatemalteco “a pesar de serias debilidades en la evaluación de impacto ambiental y de la falta de consulta a las comunidades indígenas”. Se hicieron estudios parciales para cada una de las cinco fases “pero no hubo un estudio del complejo hidroeléctrico que previese los impactos acumulativos de todo el proyecto”, denuncia la ONG.
Los ecologistas creen que esa omisión ha diluido la percepción de los impactos que se generarían, y con ellos, las responsabilidades ambientales y sociales del proyecto. “El río que pasa por la planta hidráulica es la principal fuente de electricidad y agua potable para las miles de personas que viven en sus orillas; sin embargo, se está desviando para alimentar la planta de energía. Como resultado, el flujo de agua y, por lo tanto, el sustento de las comunidades, casi ha desaparecido”.
Río público con acceso privado
Ahora, aunque el río Cahabón no es de propiedad privada, las comunidades que dependen de él no acceden al cauce con libertad: solo entre las 5 y las 7 de la mañana.
Varias ONG españolas y guatemaltecas han emprendido campañas y denuncias ante la justicia internacional y del propio país. Tras archivarse esa apelación en Guatemala hace apenas cuatro meses, ONG y comunidades indígenas de la zona han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que defender los derechos de los afectados se paga con amenazas, ataques y asesinatos.
Una de estas ONG contactó con ACS para debatir sobre las consecuencias del proyecto pero la filial de Florentino Pérez rechazó colaborar: ante los daños medioambientales y la violencia contra los indígenas el grupo elude la responsabilidad. ACS alega que Grupo Cobra fue subcontratada por la constructora local CMI y sostiene que no asumirá la culpa por ninguna consecuencia medioambiental o social de la planta hidroeléctrica.
Sin embargo, Greenpeace no olvida los datos que rodean a ACS y su magnate: el «presidente y CEO» de la constructora, Florentino Pérez, recibió un salario de 1,9 millones de euros en 2016 y otros 2,7 millones como bonus. El beneficio neto de ACS en 2016 superó los 750 millones de euros, según su memorias corporativas.
