Alemania vuelve a ser el modelo a seguir. En esta ocasión, España se dispone a copiar su sistema de prevención de blanqueo de capitales copiando el ‘Gran Hermano’ de los bancos germanos. España vuelve a importar el modelo alemán. En este caso, para luchar contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. El Gobierno ha aprobado la creación de un nuevo registro bancario a modo de ‘Gran Hermano‘ que permitirá a jueces, investigadores y policías acceder a los datos de los más de 34 millones cuentas bancarias que existen en el país.
Sólo Alemania y Francia disponen de un archivo de similares características en toda la Unión Europea. El nuevo macrofichero, siempre según informa el diario El País, recogerá los daos de toda la actividad financiera de los españoles y residentes en España que se produzca dentro de nuestras fronteras, pues no afectará a las sucursales o filiales internacionales de los bancos nacionales. Jueces, fiscales y determinados miembros de la Policía y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tendrán acceso al nuevo mecanismo, señala el rotativo.
Aunque aún no hay plazos sobre la mesa, los bancos estarán obligados a rendir cuentas de la titularidad y otros detalles de todas sus cuentas corrientes, de ahorro, valores y depósitos a plazo de sus clientes, ya sean personas físicas o jurídicas. La gestión del marcofichero corresponderá a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, cuya titularidad recae actualmente sobre el economista Fernando Jiménez Latorre.
La creación de esta insólita herramienta de control ha recibido ya la bendición del Consejo de Estado y de la Agencia Española de Protección de Datos. Ninguna de las dos instituciones habría puesto pegas al almacenamiento y posibilidad de consulta de esta ingente cantidad de datos. En este sentido, no figurará el saldo de las cuentas bancarias, pero sí se tendrá que dar cuanta de algunos movimientos que puedan ser objeto de sospecha, han adelantado fuentes del Ministerio de Economía al referido diario.
En este sentido, se podría prestar especial atención a la identidad de personas que intervengan en operaciones superiores a los 1.000 euros cuando se dude de la titularidad de la cuenta, cualquier operación que movilice más de 30.000 euros, transferencias por más de 3.000 euros mensuales y las aportaciones a partir de 100 euros a cuentas de asociaciones y fundaciones, que a partir de ahora deberían reflejar sin equívoco la identidad de sus ordenantes.
