La progresiva remontada en la cotización del petróleo en las últimas semanas se ha traducido en alzas acumuladas del 4% para la cotizada española.
Los inversores amortiguan en Repsol del retroceso al que sentencian al Ibex 35 en este arranque semanal. La petrolera llega a sumar un 0,5% a contracorriente en su cuarta sesión consecutiva alcista tras conocerse que ha resultado adjudicataria del contrato de suministro para los buques del Instituto Español de Oceanografía.
El contrato con el que se ha hecho comprende el suministro de combustible para la flota del organismo dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad durante los ejercicios 2017 y 2018. Un concepto por el que la presidida por Antonio Brufau se embolsa 3,83 millones de euros, según consta en la documentación al respecto publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La adjudicación la ha obtenido a través de su filial Repsol Comercial de Productos Petrolíferos. Esta división del grupo cotizado, tal y como consta en el documento oficial, ha resultado ganadora del proceso por haber “obtenido la mejor puntuación” en el proceso de licitación. En un primer momento se había estimado un coste máximo para la administración de 4,75 millones de euros por este concepto.
Otro factor más que relaciona a la petrolera con la Administración Pública apoya los avances a contracorriente del valor. El pasado viernes, poco antes del cierre de sesión bursátil, se conoció que el Tribunal Supremo había sentenciado contra el Estado español el pago de más de 42 millones de euros a Repsol Butano en concepto de responsabilidad patrimonial a consecuencia de los daños en su negocio causados por la revisión del precio máximo de venta de la bombona en el año 2011.
Dos sentencias de la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal dan la razón a la filial butanera de Repsol, que ahora habrá de ser indemnizada por el perjuicio originado al fijar precio a pérdidas, por quedar por debajo de los costes de producción, para la primera mitad de 2011. En este sentido, se explica que, además de haber vulnerado el principio de proporcionalidad en la intervención pública, se “dificultó la incorporación de nuevos operadores alternativos” a este negocio.
