La caída del 8% que ha sufrido EDF la ha situado a la cola del CAC 40, el índice de referencia de la Bolsa de París, al cotizar una ampliación de capital de 4.000 millones. La reestructuración de capitales de EDF ha supuesto un mazazo de más de 1.700 millones de euros para las arcas públicas francesas. Y antes incluso de su aplicación. El brusco descalabro de más del 8% que la eléctrica ha sufrido al anunciar su hoja de ruta ha impactado de lleno en el erario del país vecino, pues la cotizada es pública al 85%.
EDF, heredera del antiguo monopolio eléctrico francés de titularidad pública, sigue contando con el Estado como su principal accionista. En virtud de esta participación mayoritaria, el enésimo capítulo de desplome que sufre la cotizada ejerce su mayor presión sobre las arcas públicas del país vecino. A un año vista, los problemas financieros que sufre la compañía la han arrebatado un 50% de su valor bursátil.
Desde los 12,24 euros por acción a los que la cotizada despidió la semana al cierre del viernes pasado, hasta los 11,19 euros que han llegado a verse este lunes en los cruces más pesimistas de la sesión. La estampida inversora de las últimas semanas se ha acelerado ante el anuncio de la compañía de una ampliación de capital por 4.000 millones de euros. Un movimiento que reforzará el efecto del programa ya adelantado de contención de costes y venta de activos.
El objetivo de este plan de desinversiones es conseguir 10.000 millones de euros en los próximos cuatro años, antes de que concluya el ejercicio 2020. El ahorro de costes pretende evitar la salida de 1.000 millones de euros de la caja fuerte de la compañía. Además, EDF trabaja en la optimización de inversiones para rebajarlas en unos 2.000 millones hasta 2018, de manera que esta partida se quede en un máximo de 13.500 millones al año durante los próximos tres.
Por si el temor a la dilución y el éxito del plan de ajustes no hubiera sido suficiente, otro factor se ha sumado para espolear la retirada inversora. El consejero delegado de la eléctrica, Jean-Bernard Lévy, ha confirmado el interés de la compañía por seguir adelante con el polémico proyecto nuclear de Hinkley Point, en Reino Unido. Con un coste estimado de 23.000 millones de euros, que hace temer una mayor debilidad para el balance de la compañía, el paso por caja de muchos accionistas se ha acelerado.
En declaraciones a la emisora Europe 1, Lévy se ha mostrado tajante: “Yo digo sí a Hinkley Point”, para a palabra seguida agregar que “los costes están bajo control”. Asimismo, el directivo defendió que es necesaria la participación en el proyecto del Canal de Bristol si Francia quiere mantener su industria de energía nuclear. Mientras tanto, el Gobierno galo ha aplazado en cuatro meses su decisión definitiva sobre su participación en esta instalación, que en principio se esperaba para el ya inminente mes de mayo.
De entre los inversores que con más virulencia han abandonado el capital de la compañía, los analistas apuntan hacia aquellos de perfil más rentista. Esto se debe a que la eléctrica gala ha puesto ya sobre la mesa la posibilidad de distribuir en acciones su dividendo de este y el próximo año, abandonando la retribución en efectivo.
