El Gobierno de Canarias debe correr con las costas judiciales del recurso a la venta del gestor aeroportuario con el objetivo de excluir los aeródromos de la región. Los accionistas de Aena pueden estar tranquilos. Su inversión cuenta ya con el aval del Tribunal Supremo, que ha desestimado el recurso que el Gobierno de Canarias había interpuesto contra la decisión del Consejo de Ministros de privatizar la hasta entonces gestora pública de los aeropuertos españoles.
El fallo del Tribunal Supremo se ha hecho público este viernes, si bien está fechado en el pasado miércoles 10 de febrero, en la víspera del primer aniversario de Aena como cotizada en Bolsa. Un debut que supuso el culmen al proceso de privatización parcial emprendido por el Gobierno de Mariano Rajoy, que reservó una mayoría accionarial al Estado a través de la sociedad Enaire.
La compañía, que ya hoy es la mayor gestora aeroportuaria del mundo por volumen de capitalización bursátil, ha sido la encargada de dar a conocer la decisión mediante un comunicado conjunto con el Ministerio de Fomento, responsable de la privatización que desde Canarias se ponía en duda. En concreto, se había cursado recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 11 de julio de 2014 que abría la puerta a la venta de acciones a terceros y el de 23 de enero de 2015, en el que ya se daba vía libre a la colocación de hasta un 49% de su capital social mediante oferta pública de venta (OPV).
El Gobierno de Canarias ve frustrada su reclamación y además, según lo que ha dictado el alto tribunal, debe correr también con las costas del proceso judicial. Desde el archipiélago se reclamaba la nulidad de ambos acuerdos, y por tanto del proceso de venta sobrevenido después, para excluir de los mismos la gestión de los aeropuertos de interés general ubicados en la región insular.
Con una revalorización acumulada que roza el 70%, Aena ha vuelto a convertirse en objeto de polémica a un año de su estreno bursátil por aquellos que ponen en duda el precio de 58 euros por acción a los que el Gobierno acordó la colocación de sus títulos. Un precio que, sin embargo, dejó por el camino a dos de los tres inversores institucionales que se habían reclutado para formar su primigenio núcleo duro.
