La otrora gigante inmobiliaria ha reconocido que “parece confirmarse” que sus prestamistas han rechazado por mayoría su nueva enmienda al convenio por el que seguía a flote. El fin de uno de los colosos del ladrillo español está más cerca. El comienzo de la liquidación de Martinsa-Fadesa podría decretarse este mismo lunes en una reunión de urgencia de su consejo de administración. La otrora gigante inmobiliaria no ha conseguido el respaldo de sus bancos acreedores en plena recuperación del sector.
La compañía ha dado cuenta de su compleja situación en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a primera hora de este viernes. En él explica que “a día de hoy, Martinsa-Fadesa no tiene conocimiento oficial del resultado de las adhesiones realizadas ante el juzgado o ante el notario”, pero que sin embargo y dado que “parecen confirmarse las noticias aparecidas” se ha convocado a su cúpula directiva a una reunión extraordinaria “con objeto de estudiar la solicitud de la liquidación de la compañía”.
Ante estas afirmaciones, fuentes financieras han confirmado que la gran mayoría de los bancos acreedores han rechazado el nuevo convenio que el presidente, Fernando Martín, presentó para intentar salvar a la compañía por segunda vez del abismo de la quiebra absoluta. Sin embargo, en el plazo decretado por el juez que instruye el concurso de la inmobiliaria de diez hábiles para comunicar adhesiones- a contar desde el pasado 12 de febrero- ha terminado sin el resultado esperado por la ladrillera.
Abanca, la entidad heredera de la nacionalizada y desaparecida Novagalicia, parece haber sido la única en haber aceptado las nuevas condiciones de pago que la compañía había planteado en esta última ocasión. El resto de acreedores habrían considerado que la mejor forma de recuperar sus créditos sería la liquidación ordenada de Martinsa-Fadesa dada la falta de liquidez por la que atraviesa. Una situación que ha ido a peor a consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que condena a la vieja cotizada al pago de más de 60 millones de euros en costas procesales.
Hace ahora un año, la antigua gigante inmobiliaria anunció el impago de una anualidad de las recogidas en su convenio de acreedores aprobado en marzo de 2011, representativa del 1% y equivalente a unos 35 millones de euros. Además, a finales de 2014 debía de hacer frente a un nuevo pago del 12,5% de la deuda concursal.
