El Parlamento Europeo aprueba una serie de recomendaciones donde se incluyen sanciones a empresas, bancos, contables, asesores legales y fiscales “si se demuestra su implicación en actividades ilegales con paraísos fiscales”. Los ‘papeles de Panamá’ han elevado la exigencia en las instituciones europeas. El Parlamento Europeo ha aprobado la línea a seguir que ha diseñado la Comisión Europea donde los planes pasan por crear una “lista negra de paraísos fiscales”, así como aplicar sanciones contra las jurisdicciones “que no cooperen” con las autoridades en materia fiscal.
Con los votos favorables de 514 europarlamentarios, la abstención de 125 y la oposición de 68 políticos, la Cámara ha reclamado más medidas para intentar atajar el fraude fiscal que ha aflorado en los últimos meses. Para ello, los eurodiputados han insistido en la necesidad de crear un “código de conducta” para los bancos y asesores fiscales donde los Estados miembros impongan “castigos a los directivos de empresas involucrados en evasión fiscal”.
Bajo el objetivo de obtener una fiscalidad empresarial “más justa y transparente”, el Parlamento Europeo ha aprobado la necesidad de dar forma a un “registro público” en el que aparezcan los titulares últimos de las empresas. Un trabajo que también quieren colocar a la UE obligando a las autoridades europeas a “incluir reglas sobre gobernanza fiscal” en todos los acuerdos comerciales que firmen con terceros países.
“Con este informe pasamos a la acción en la lucha contra la evasión de impuestos y los paraísos fiscales. Nuestra lista de demandas para aumentar la rendición de cuentas es clara, también planteamos un incremento de las sanciones para las jurisdicciones que no colaboren, los bancos, asesores fiscales y empresas, y abogamos por mayor cooperación dentro de Europa y globalmente”, ha señalado el diputado socialdemócrata danés Jeppe Kofod, uno de los que ha diseñado la lista de recomendaciones.
Respecto a las sanciones, el Parlamento Europeo ha aseverado la necesidad de aplicarlas con dureza. Para los eurodiputados, la UE debería revisar e incluso suspender los acuerdos de librecambio y la prohibición de acceder a fondos europeos a aquellas jurisdicciones que incurran en delitos fiscales. “Las empresas, bancos, contables, asesores legales y fiscales también deberán estar expuestos a sanciones si se demuestra su implicación en actividades ilegales con paraísos fiscales”, ha concluido la Cámara.
