El legislativo comunitario aprueba una propuesta de directiva para que las empresas no puedan deducir, en los impuestos que pagan al año, más del 20% de sus intereses. El Parlamento Europeo pide “mano dura contra la evasión fiscal de las empresas”. Durante los últimos dos días, el pleno de la Eurocámara ha debatido sobre qué medidas serían necesarias para combatir tanto la elusión fiscal como la ingeniería empresarial para evitar pagar los tipos legales del impuesto de sociedades. No en vano se calcula que la Unión Europea pierde entre 160.000 y 190.000 millones de euros cada año a causa de la planificación fiscal agresiva, es decir, un uso continuado de métodos legales para minimizar el pago de impuestos. En esa cifra no entra, por tanto, la evasión fiscal, que recurre a métodos ilegales para evitar pagar impuestos de forma total o parcial.
Y la postura de la mayoría de los eurodiputados es más ambiciosa que la de la Comisión Europea. Es el caso de la propuesta para regular la claúsula de inversión, (switch-over, en inglés) para que paguen impuestos los beneficios que las empresas obtienen fuera de la UE. A menudo estos ingresos están exentos de gravamen, para evitar la doble imposición (que las compañías paguen impuestos en el país extracomunitario y también en la UE). Pero el Parlamento quiere que se fije un tipo mínimo del 15%, “de manera que si esos beneficios han sido gravados a un tipo más bajo fuera de la UE tendrían que pagar la diferencia”.
«Es inconcebible reclamar cada vez más esfuerzos a los trabajadores, pensionistas y a las pymes, al mismo tiempo que los ricos y las multinacionales eluden contribuir de manera equitativa», afirmó Hugues Bayet, eurodiputado socialdemócrata belga encargado de defender la directiva de la cámara. Esa propuesta antifraude recoge el guante del plan de acción de la OCDE para limitar la erosión de la base fiscal y recoge las recomendaciones del Parlamento de noviembre pasado. Se basa en el principio de que hay que pagar impuestos en el lugar en el que se cosechan los beneficios, y consiste en seis medidas clave para combatir la planificación fiscal agresiva.
El principio detrás de los cambios legislativos es que los impuestos deben pagarse donde se obtiene el beneficio. Incluyen medidas vinculantes para poner fin a los métodos más utilizados por las empresas para la elusión fiscal. También proponen definiciones comunes de términos como “establecimiento permanente”, “paraísos fiscales”, “sustancia económica mínima”, “precios de transferencia”, “empresas buzón” y otros relevantes en la normativa fiscal y abiertos a interpretación.
Deducción de intereses
Legislativo y ejecutivo comunitario sí coinciden al apostar por contener el crédito en el seno de los grupos empresariales, “una de las formas más frecuentes utilizadas por las empresas para reducir los beneficios declarados y en la misma medida reducir el pago de impuestos”, apunta la Eurocámara. “La deducción de los pagos de intereses representa, de alguna manera, el equivalente para las empresas de lo que los intereses de las hipotecas representan para las personas, que al comprarse un hogar pueden deducirlos de su impuesto anual sobre la renta”, explica. Para evitarlo, los eurodiputados defienden que se limite la deducción de los pagos de intereses intragrupo, aunque tras el sí de la cámara la decisión recae en el Consejo Europeo, que reúne a los Gobiernos de los veintiocho Estados de la UE.
¿Cómo funciona la deducción de intereses? En el caso de las multinacionales, un grupo con sede en la UE, por ejemplo, establece una filial en una jurisdicción de baja imposición. Esta filial facilita un préstamo a la empresa establecida en la UE con tipos de interés inflados. La empresa con sede en la UE paga un enorme volumen de intereses, que con frecuencia puede deducir de su renta imponible. Una vez abonados estos intereses, a la empresa con sede en la UE apenas le quedan beneficios y, por tanto, apenas paga impuestos a las arcas del país europeo desde el que opera. Y la filial se embolsa los intereses, con lo que el dinero se queda en casa.
La propuesta de la UE es limitar los intereses pagados que se puedan deducir del pago de impuestos cada año, de manera que aumentaría la recaudación. La Comisión propone que las empresas no puedan deducir más del 30% de sus ganancias; la Eurocámara, de nuevo más ambiciosa, pide que ese límite se baje al 20%. No obstante, esta norma requiere de la decisión final del Consejo Europeo, institución que reúne a los Gobiernos de los veintiocho Estados de la UE.
