Según CEAR, el acuerdo con Turquía borra los estándares mínimos en la acogida de refugiados en los campos de detención de las islas helenas. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado un informe tras una misión de observación hace dos semanas en la isla de Lesbos, uno de los ‘hotspots’ de la llegada de refugiados a Grecia. El documento «Lesbos, ‘zona cero’ del derecho al asilo», trata de dejar constancia de la “vulneración” del derecho a la protección internacional de miles de migrantes y refugiados en el país heleno tras el acuerdo con Turquía.
Denuncia “arbitrariedad y falta de garantías legales” para con las personas que han llegado a Grecia tras el 20 de marzo. Sostiene que el país “se encuentra desbordado” y que la situación en los campos de refugiados “no ofrece los estándares mínimos a las personas refugiadas”.
Según CEAR, es tal el caos que algunas personas que llegaron a Grecia antes de entrar en vigor el acuerdo han sido “formalmente detenidas en los centros de detención de las islas que con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo eran centros abiertos”. La ONG constata que a esas personas “se les ha atribuido una fecha de entrada posterior, y por tanto se incluyen dentro del ámbito de actuación del acuerdo y permanecen en los centros de detención”.
“No existe información suficiente sobre el programa de reubicación, no se ha promocionado lo suficiente entre las personas que se encuentran en los campos”, sostiene el informe, que también constata falta de información entre los propios trabajadores voluntarios y de ONGs en Grecia, de los que dependen gran parte de los trabajos de asistencia a las personas que huyen de la guerra.
De hecho, CEAR denuncia que son los voluntarios los que han debido asumir las labores de rescate en Lesbos “ante la pasividad y dejación de funciones de las autoridades”: “Los agentes de Frontex alegan únicamente funciones relacionadas con la vigilancia y el mantenimiento del orden”, informa la ONG tras comprobar sobre el terreno el reparto de tareas en la isla griega.
En Moria, uno de los campos abiertos que se convirtió en enclave de detención, «no hay ninguna oficina para pedir asilo”, afirma CEAR. Tras la aplicación del acuerdo, la única opción para las personas que quieren pedir protección internacional es reclamar una cita por Skype. Pero ese servicio sólo está disponible durante una hora al día, por lo que en la práctica se convierte en “inaccesible para la mayoría de las personas que lo han intentado”. “El caos es la norma general”, lamenta CEAR.
El programa de reubicación sólo se ofrece a personas de Siria, Eritrea, Irak y Somalia. Aquellos procedentes de otros países, incluido Afganistán, quedan excluidos. «Esta discriminación supone una vulneración del artículo 3 de la Convención de Ginebra que prohíbe expresamente la discriminación por país de origen», reclama la plataforma.
Pero esas personas que por su procedencia no pueden acceder al programa de reubicación sólo optan a pedir protección en Grecia, que a día de hoy cuenta con 52.541 refugiados. “Ante esta situación Grecia no puede hacer frente sola a esta realidad” denuncia el informe, recordando además que desde 2011 se ha considerado que el país heleno “no cumple con los estándares mínimos del procedimiento de asilo en materia de acogida, y así lo ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por considerar que la ausencia de dichas condiciones constituye un trato inhumano o degradante en contra de lo establecido en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
