En total, al menos 80 mineros artesanales murieron en los túneles del sur de la República Democrática del Congo entre septiembre de 2014 y diciembre 2015. Amnistía Internacional ha apuntado a las grandes compañías de tecnología y automóviles de proveerse de cobalto para sus productos extraído por niños. Entre las empresas se encuentran gigantes como Apple, Microsoft, Samsung, Sony, Daimler y Volkswagen. El procedimiento consistía en que Huayou Cobalt y su filial CDM procesaban el cobalto, se lo vendían a tres fabricantes de componentes para baterías en China y Corea del Sur y después éstas abastecían a las empresas citadas.
Para ilustrar la denuncia, la organización ha contado con el testimonio de Paul, huérfano de 14 años, que comenzó a trabajar en la minería a los 12. “Pasaba 24 horas allí abajo, en los túneles. Llegaba por la mañana y me marchaba a la mañana siguiente […] Tenía que hacer mis necesidades allí abajo […] Mi madre adoptiva quería que fuera al colegio, pero mi padre adoptivo estaba en contra y me explotaba haciéndome trabajar en la mina”, declaró el pequeño.
Los mineros que trabajan en las zonas donde CDM compra el cobalto “corren riesgos para la salud a largo plazo y un alto riesgo de sufrir accidentes mortales”, ha relatado Amnistía Internacional. En total, en los últimos 14 meses, al menos 80 mineros artesanales murieron en los túneles del sur de la República Democrática del Congo entre septiembre de 2014 y diciembre 2015. “Se desconoce la verdadera cifra, pues muchos accidentes no se registran, y se dejan los cadáveres enterrados bajo las rocas”, ha lamentado la organización.
Por su parte, las 16 marcas comerciales multinacionales que figuran en la listas de clientes directos o indirectos de los tres fabricantes de componentes de baterías han negado haber tratado con Huayou Cobalt ni rastreado el origen del cobalto de sus productos tras conocer la noticia de Amnistía Internacional.
“Sin leyes que las obliguen a comprobar dónde consiguen los minerales y a desvelar públicamente la información sobre ello y sobre sus proveedores, las empresas pueden seguir beneficiándose de los abusos contra los derechos humanos. Los gobiernos deben poner fin a esta falta de transparencia, que permite a las empresas sacar provecho de la miseria”, ha concluido Mark Dummett, investigador de Amnistía Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos.
