Organizaciones defensoras de los derechos humanos claman contra la condena a Leopoldo López

Venezuela

Organizaciones defensoras de los derechos humanos claman contra la condena a Leopoldo López

Leopoldo López, opositor venezonalano condenado a 13 años de prisión

Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian que el juicio fue una «farsa» y que la sentencia demuestra la falta de independencia judicial en Venezuela. ONG de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han criticado duramente la sentencia por la que un tribunal venezolano ha condenado a 13 años y nueve meses de prisión al dirigente opositor Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular (VP) y líder opositor, por los delitos de instigación pública y asociación para delinquir cometidos en el marco de una manifestación celebrada en Caracas el 12 de febrero de 2014.

Según Amnistía Internacional (AI) la sentencia “muestra la absoluta falta de independencia e imparcialidad judicial” en Venezuela, según ha asegurado la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, en un comunicado recogido por Europa Press.

“Los cargos contra Leopoldo López nunca fueron adecuadamente sustanciados y la sentencia de prisión en su contra tiene una clara motivación política. Su único ‘crimen’ es ser líder de un partido opositor en Venezuela,” ha Guevara-Rosas.

“Nunca debió haber sido arrestado arbitrariamente o enjuiciado en primer lugar. Es un prisionero de consciencia y debe ser liberado inmediata e incondicionalmente”, ha subrayado la representante de AI. «Con esta decisión, Venezuela está eligiendo ignorar principios básicos de derechos humanos y dando una luz verde a más abusos», ha explicado.

Por su parte, desde Human Rights Watch (HRW) aseguran que el caso contra López y tres estudiantes venezolanos ha sido “una farsa” y han tildado de «infundada» la condena.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco hace notar que «en un país sin independencia judicial, una jueza provisoria sin inamovilidad en el cargo condena a cuatro personas inocentes luego de un proceso en el cual el Ministerio Público no aportó evidencias que los vinculen con delito alguno y no se permitió a los acusados ejercer su defensa adecuadamente”.

HRW ha recordado que tuvo acceso al expediente del caso de López y “no encontró elementos de prueba aportados por la Fiscalía durante el juicio que permitieran justificar los cargos contra los acusados». “El equipo de defensores de López dijo a Human Rights Watch que la jueza desestimó los argumentos que plantearon y no admitió ninguna de las pruebas ofrecidas, salvo el testimonio de dos testigos presentados por el Ministerio Público”, ha señalado la ONG.

HRW ha subrayado que el poder judicial venezolano “ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno desde que, en 2004, el entonces presidente, Hugo Chávez, y sus partidarios realizaron un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia».

«Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, han expresado de forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno y han emitido reiteradamente pronunciamientos a favor de este, avalando la indiferencia del gobierno por los Derechos Humanos», denuncia el representante de esta ONG.

En este sentido, Vivanco ha recordado que “la mayoría de los jueces venezolanos no gozan de estabilidad en sus cargos y pueden ser destituidos por medio de mecanismos que no respetan garantías básicas de debido proceso”. “Esto deja abierta la posibilidad de que sean destituidos como consecuencia de las decisiones que adopten, lo cual contradice estándares internacionales básicos de derechos humanos y socava gravemente la independencia judicial en el país, ha advertido el representante de HRW.

“Hemos visto la violenta represión de manifestantes pacíficos el año pasado, la complicidad de fiscales que iniciaron causas penales contra las víctimas sin tomar en cuenta signos evidentes de que habían sufrido abusos, y ahora presenciamos la condena de tres estudiantes y un prominente político de oposición sobre la base de imputaciones absolutamente infundadas», ha afirmado Vivanco.

“¿Qué más necesitan los gobiernos latinoamericanos para, de una vez por todas, exigir al gobierno de Maduro que cese la persecución de sus opositores y críticos?”, ha concluido.

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