El desacuerdo en los aumentos salariales, las pensiones y la corrupción son los principales motivos que ‘sacan a la calle’ a los trabajadores latinoamericanos. Latinoamérica se ha convertido en un auténtico ‘campo de batalla’ entre trabajadores y gobiernos por las reformas laborales que se están llevando a cabo. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú son algunos de los países en los que los sindicatos han levantado el hacha de guerra para defender sus derechos.
Que Cristina Fernández de Kirchner tiene una pequeña guerra con el líder de la Confederación General del Trabajo (CGT) ‘disidente’, Hugo Moyano, no es ninguna novedad. Lo que si es sorprendente es que el sindicato afín al Gobierno se haya movilizado también contra su gestión. Las paritarias sobre la subida del salario mínimo y la reforma del impuesto a ganancias han sido suficientes para que Antonio Caló, el líder metalúrgico, haya mostrado su descontento con una huelga general inminente.
En el caso argentino, además de contra la propia Fernández, las críticas han ido dirigidas al ministro de Economía, Axel Kicillof, que ha intentando aplacar los ánimos sin ningún resultado aparente. Situación similar ha tenido lugar en Brasil, donde Joaquim Levy se ha convertido en objeto de las críticas. En su caso, la subida de impuestos y la reducción de gastos se han unido a la disminución del seguro por desempleo, que ha cristalizado en nuevas movilizaciones contra la presidenta Dilma Rousseff.
La corrupción en Petrobras, que ha salpicado a varios miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) había sido un duro golpe para la mandataria, que ha perdido gran respaldo de sus conciudadanos. Éstos, que arrastran su indignación desde el Mundial de Fútbol, se han echado en más de una ocasión a la calle para quejarse por los recortes y para exigirle a Rousseff responsabilidades en el escándalo de la petrolera estatal.
Los más resentidos en Ecuador por las medidas que ha tomado el Gobierno de Rafael Correa en temas laborales son los jubilados, que contemplan como sus pensiones se deterioran, puesto que reciben menores remuneraciones por un cambio en el cálculo de las horas que deben trabajar para retirarse. Muchos de ellos, tanto a título personal como agremiados, se han movilizado para recuperar lo que consideran como suyo.
En el caso de Colombia, el sector más combativo en los últimos tiempos ha sido el educativo, que ha mantenido una huelga en contra del Ministerio de Educación y su líder, Gina Parody, a la que criticaron por no saber mediar entre los profesores y el Ejecutivo colombiano. Tras semanas lectivas sin ser capaces de acercar posturas, se alcanzó un acuerdo de alza salarial gradual del 12% y bonificaciones para los profesores veteranos. Se ha mantenido la evaluación a profesores, cosa que también es uno de los pilares de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto en México.
Mientras que en Perú son los mineros los que se niegan a aceptar las medidas del Ejecutivo de Ollanta Humala, que contemplan un decreto que autoriza los ceses colectivos de los trabajadores. Además, la Confederación General de Trabajadores de Perú (GGTP) ha convocado una huelga para que se suba el salario mínimo en julio.
A pesar de algunos acuerdos alcanzados, como el caso de Bolivia, donde el salario mínimo se ha subido un 15% tras conversaciones entre el presidente Evo Morales y la Central Obrera Bolivariana (COB), hay otros países, más allá de los ya mencionados, donde la situación es complicada. Como en Venezuela, donde se cobra seis veces menos que en el país presidido por Morales.
Todo apunta a que en el subcontinente habrá muchas más movilizaciones. Se avecinan meses llenos de actividad sindical por el desacuerdo con los aumentos salariales y la pérdida de derechos.
