La presidenta argentina ha acusado al juez Griesa de «violar el derecho internacional» pese a que cuenta con la ratificación del Tribunal Supremo. Las relaciones entre Cristina Fernández de Kirchner -y por extensión, Argentina- y EEUU se están deteriorando a pasos agigantados después de que el juez de Nueva York Thomas Griesa declarase a Argentina en «desacato civil» por no cumplir el fallo que ordena al país pagar la deuda a los fondos buitre antes que a otros acreedores.
La presidenta argentina ha criticado con dureza la medida, que ha calificado de «violación del derecho internacional, de la Carta de la ONU y de la Carta de la Organización de Estados Americanos». Kirchner ha hecho responsable al Gobierno de EEUU «por las acciones de cualquiera de sus órganos, como la reciente decisión de su Poder Judicial».
A juicio de Kirchner, la resolución del «juez municipal» Griesa «no tiene ningún efecto práctico salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra Argentina». La dirigente ha pedido a la Administración de Barack Obama «que acepte la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia para dirimir esta controversia entre ambos países».
El dictamen de Griesa, ratificado por el Tribunal Supremo de EEUU, se veía venir. El juez considera que el Estado argentino ha hecho caso omiso de la sentencia que le conmina a abonar 1.300 millones de dólares a los llamados fondos buitre que no aceptaron la quita de su deuda.
Ya la semana pasada, el apoderado de NML, uno de los grupos financieros litigantes, había pedido que se aplicara a Argentina una multa de 50.000 dólares por su reticencia a cumplir el dictamen. El Gobierno argentino envió a su vez una carta al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, para advertirle de que una medida de ese tipo sería una violación de la soberanía nacional. Argentina es blanco de «un acoso judicial» por parte de los fondos buitre que reclaman el pago total de la deuda en ‘default’ tras haberse negado a aceptar una reestructuración de la deuda como sí lo hicieron el 93% de los acreedores, según el ministro Héctor Timerman.
La diplomacia argentina, no obstante, ya ha puesto en marcha su propia partida. En los organismos internacionales. La semana pasada, y por 33 votos a favor, cinco en contra y nueve abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución que condena la actitud de los fondos buitre y «ordena una investigación sobre sus actividades y las consecuencias de sus acciones en todo el mundo». Previamente, la Asamblea General de la ONU aprobó una iniciativa promovida por Argentina y por el G-7 más China que busca establecer un marco jurídico legal a nivel global para los procesos de reestructuración de deuda soberana.
En el marco del litigio en el tribunal de Nueva York, Argentina pagó a los tenedores de bonos que han reestructurado sus deudas entre el 2005 y el 2010 un total de 539 millones de dólares. El dinero está depositado en el Bank of New York desde fines de junio, pero Griesa ha frenado la cancelación en tiempo y forma. A raíz de este impedimento, algunas calificadoras consideraron que el país entró en suspensión de pagos, lo que es negado por el Gobierno de la presidenta. Como parte de esta disputa, el Congreso argentino aprobó una ley de cambio de jurisdicción de pago de la deuda.
