Portugal inicia la privatización del transporte público en las principales ciudades del país

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Portugal inicia la privatización del transporte público en las principales ciudades del país

Metro de Oporto (Portugal)

El Gobierno luso ha aprobado este jueves la primera concesión al sector privado de la gestión del Metro y de la Sociedad de Transportes Colectivos en Oporto. El Gobierno portugués ha aprobado este jueves la primera concesión al sector privado de la gestión del Metro y de la Sociedad de Transportes Colectivos en la ciudad de Oporto. La misma medida, que se incluye dentro de los ajustes del Ejecutivo de Pedro Passos Coelho para reducir el déficit en 2014, será implantada también en Lisboa a partir de septiembre.

En rueda de prensa, el ministro de Economía luso, Antonio Pires de Lima, junto al secretario de Estado de Transportes, Sérgio Monteiro, ha dicho que espera que el proceso privatizador quede zanjado este mismo año, en el caso de la ciudad de Oporto. Ambos han afirmado que la concesión no provocará una subida de tarifas «más allá de la inflación».

Además, Monteiro ha aclarado que el contrato de concesión para la prestación de estos servicios «no implica» que los activos vayan a ser vendidos a inversores privados. «Los activos que ahora son públicos, continúan siendo públicos. Solo la prestación del servicio será llevada por una entidad privada», indica el secretario.

La operación está abierta, en términos de competencia, a la empresa o empresas que opten por presentarse y que se comprometan a respetar las obligaciones de servicio público, como la de no incrementar los precios, ha explicado Monteiro. Un proceso que se repetirá en septiembre con el Metro de Lisboa, la empresa de autobuses urbanos Carris, y las de transporte fluvial Transtejo y Soflusa. El proceso de licitación será igual al de Oporto y el Gobierno espera tenerlo cerrado «previsiblemente en el primer mes de 2015», según Pires de Lima.

Las dos operaciones permitirán un ahorro para las arcas públicas de 85 millones de euros al año a partir de 2015, sólo en concepto de indemnizaciones compensatorias, que dejarán de ser atribuidas por el Estado a las empresas.

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