Sindicatos, médicos y colectivos de inmigrantes se oponen a la exclusión de los ‘sin papeles’ de la sanidad
E.B.
Las voces contra la exclusión de los inmigrantes ilegales del sistema sanitario aumentan día a día. Sindicatos, médicos y asociaciones que defienden a este colectivo han mostrado su rechazo no sólo a esta norma, sino también a la intención de Ana Mato de cobrar 710 euros al año a los ‘sin papeles’ por ser atendidos en la red pública.
La medida aprobada por el Gobierno, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, así como la intención de cobrar unos 60 euros al mes a este colectivo por acceder a la red sanitaria pública han puesto en pie de guerra a diversas agrupaciones. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, se ha pronunciado esta misma mañana al respecto en la cadena Ser y ha asegurado que la medida impulsada por la ministra Ana Mato es “muy injusta, pero coherente con la estrategia general del PP”. Según el sindicalista, “el Gobierno pretende cambiar la naturaleza jurídica de la estructura sanitaria española”.
Por su parte, CCOO ha defendido la objeción de conciencia a la que se acogerán más de 800 médicos de toda España para seguir atendiendo a los inmigrantes ilegales. La organización sindical defiende que “no puede haber ciudadanos que no puedan tener cobertura sanitaria”, y ha calificado el decreto de Sanidad como una “agresión” a los ‘sin papeles’.
Precisamente, uno de los colectivos más implicados en esta situación, los médicos, han mostrado su rechazo a esta norma. Mientras que la iniciativa de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), que pide recurrir a la objeción de conciencia, ya ha logrado la adhesión de 823 facultativos, la Organización Médica Colegial (OMC) ha advertido que limitar a los inmigrantes ilegales el acceso a la sanidad pública puede provocar, “a medio y largo plazo”, problemas económicos e infecciosos. Asimismo, ha recordado que para los profesionales sanitarios es un “deber deontológico” atender a “cualquier ciudadano”.
Además, tanto Semfyc como la OMC coinciden al dudar de la propuesta de Ana Mato de firmar un convenio con los inmigrantes, previo pago, para que sean atendidos en la pública. La primera ve “inviable” cobrar a los ‘sin papeles’, y la segunda indica que esta forma de “copago claro y contundente” no podrá ser asumida por un colectivo que “ya de por sí tiene serias dificultades”.
Y no son los únicos. Las asociaciones que defienden a los inmigrantes ilegales también se han alzado contra las pretensiones del Gobierno. Colectivos como a asociación de ecuatorianos Rumiñahui, la organización Pueblos Unidos y la Red Acoge han criticado la idea de cobrar a los ‘sin papeles’ por acceder al sistema público de salud. Desde Rumiñahui indican que la cantidad que exigirá el Ejecutivo es “una fortuna” y obliga al colectivo a no enfermar, mientras que Pueblos Unidos dice que “es un disparate más. Un atropello más para el pobre, para alguien que no solo no tiene trabajo, sino que tiene escasas oportunidades de trabajar actualmente”.
Por su parte, desde Red Acoge señalan que la medida aprobada por Sanidad aumentará las desigualdades socioeconómicas de este colectivo y recuerdan que “las personas en situación irregular contribuyen a través de sus impuestos indirectos al sostenimiento de la sanidad pública”.
“Vosotros perdéis el tiempo en reciclar el vidrio? Yo no”. Este es el ‘tuit’ con el que José María Gutiérrez ‘Guti’ incendió las redes sociales hace unos días.
