¿Es constitucional que España lleve 9 meses sin una sola ley?

Expertos juristas advierten del incumplimiento de la Constitución que supone paralizar el poder legislativo El hecho de que el poder legislativo esté paralizado en España y de que llevemos nueve meses sin una sola ley es objeto de un artículo publicado en la edición digital del diario El País, en el que se informa que numerosos expertos consideran “advierten del incumplimiento constitucional que supone bloquear uno de los tres poderes del Estado”.
 
En al artículo, firmado por Elsa García de Bas, se recuerda el poder legislativo sufre la parálisis más larga de la democracia. Y se subraya que “el Congreso de los Diputados no ha aprobado una ley desde hace nueve meses, y el Gobierno no se somete al control del Parlamento desde hace casi 10. Más de 2.500 preguntas de los diputados al Ejecutivo permanecen sin respuesta”, precisando que “los expertos advierten del incumplimiento constitucional que supone bloquear uno de los tres poderes del Estado, que no está en funciones, y alertan de que pasará factura”.
 
Recuerda El País que el hecho de que no se haya aprobado una sola mes desde hace nueve meses ocurre “por primera vez desde la Transición”, recalcando que “en el mismo tiempo —una semana más— el poder ejecutivo ha estado funcionado, aun en funciones, sin el control del legislativo” Y se  pregunta: ¿Puede estar paralizado uno de los tres poderes?”
 
Tras subrayar que “a Constitución define que las Cortes representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos y controlan la acción del Gobierno. Al menos tres funciones no se están cumpliendo” da la opinión al respecto de algunos expertos.
 
Una de estas opiniones es la de uno de los letrados del Congreso, Manuel Fernández Fontecha, jurista de la Cámara desde la legislatura constituyente, en 1977, quien sostiene que “es un incumplimiento constitucional”. “Las Cortes tienen todos sus poderes intactos. De otra forma, implicaría que como el Gobierno está en funciones, las Cortes están en funciones, y eso es totalmente erróneo”, subraya en declaraciones a El País, añadiendo que “el artículo 66 de la Constitución no dice que las Cortes ejercerán la potestad legislativa cuando exista un Gobierno pleno; esa tesis no está en la Constitución”.
 
También rememora el artículo que en la pasada legislatura, la Mesa del Congreso decidió que el Parlamento funcionara con algunas limitaciones, con el aval de un informe de los letrados de la Cámara. No obstante, el Gobierno de Rajoy rechazó someterse a todo control. Ni sus ministros ni sus altos cargos comparecieron a pesar de las reiteradas peticiones. Recogiendo la opinión del catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo que discrepa al respecto: “Es indiscutible. Usted está en funciones pero es Gobierno, tiene que dar explicaciones de lo que está haciendo”, considera
 
Al mismo tiempo, y tal como recoge El País, el Parlamento está ciego ante la acción del Gobierno en funciones más largo de la democracia. En lo que llevamos de parálisis los diputados han presentado más de 2.500 preguntas al Ejecutivo, que permanecen sin respuesta. En la web del Congreso pueden consultarse las archivadas, junto a las que aparece el término de “caducado”
 
¿Qué significa esta parálisis? “Es una situación constitucionalmente mucho más preocupante de lo que parece”, sostiene el letrado de las Cortes. “Estamos sentando el precedente de que porque haya un Gobierno en funciones queda en suspenso el orden constitucional de competencias, las funciones constitucionales clave”, alerta. “En la práctica estamos en una democracia que no está completa. Para nada es el paradigma europeo. Hay una descompensación en el sistema de equilibrios del Estado si el Gobierno no está controlado, un desequilibrio entre el ejecutivo y el legislativo”, reflexiona.
 
Los efectos jurídicos son claros, pero también los sociales. “La Cámara no ha estado en condiciones de elaborar leyes que son necesarias”, manifiesta Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional, en declaraciones recogidas por el diario de Prisa. “El sistema político español tiene tres grandes problemas: la corrupción, que es posible por un entorno normativo determinado; el desprestigio institucional, con el nombramiento en los órganos de control de personalidades cuya cualidad es la fidelidad política; y la cuestión catalana, a la que no afronta más allá del límite de la legalidad desde 2012, y que exige profundas reformas del sistema autonómico. En este ámbito la parálisis de la Cámara es muy preocupante y muy grave. En al menos dos de estos grandes problemas son necesarias medidas legislativas”.
 
Subrayando que no hay nuevas leyes y tampoco es posible modificar las anteriores. “A mi juicio hace falta corregir parte de la actividad legislativa de periodo anterior, como la Ley mordaza, la de la justicia universal o la reforma del Código Penal con la prisión permanente revisable”, apunta el juez Ignacio González Vega, portavoz de la Asociación de Jueces para la democracia.
 
Los efectos más importantes, creen los expertos, se percibirán a medio plazo. “Las consecuencias de un sistema en estado de congelación en un país que tiene problemas tan importantes van a ser muy graves”, advierte el constitucionalista Basaguren. “No es cierto que se pueda estar sin Gobierno. Los efectos se notan a medio plazo y cuando se notan son irreversibles. El sistema económico belga cambió y lo que supuso esos casi dos años fue terrorífico. En España este periodo lo vamos a pagar”, concluye este catadrático.