El primer ministro ha condenado “con la máxima severidad” estas acciones porque las considera parte de una situación “inadmisible”, según ha declarado en su visita en Colombia. Una huelga masiva ha provocado el caos en Francia este jueves. Al menos 2.800 taxistas han participado en las protestas convocadas contra la aplicación móvil Uber, repartidos por todo el país. Las violentas acciones a las que han llegado a recurrir han provocado retrasos y embotellamientos en varios lugares importantes de transporte, como aeropuertos y estaciones identificados como “una treintena de puntos de bloqueo” según fuentes policiales.
Uber – ubicada en París, Lyon, Lille, Toulouse, Burdeos y Niza – es la empresa líder en la oferta de vehículos con chófer y la que ha originado la complicada situación vivida hoy en el país vecino. El colectivo de taxistas siente que “su supervivencia está en juego”, según ha explicado uno de ellos al periódico Le Monde. Otro compañero de profesión contaba que se había comprado su licencia por 235.000, gracias a un crédito de diez años y que “desde que llegó Uber, mi cifra de negocio ha caído”.
Las detenciones por parte de las fuerzas de seguridad han sido efectuadas contra participantes violentos que han provocado ataques contra los mismos agentes, daños materiales e incluso han llegado a quemar neumáticos.
El Gobierno francés ha reaccionado posicionándose en el bando de los taxistas y se ha encargado de criticar la aplicación que tanta polémica ha desatado allí donde ha llegado, dejando de situar a Francia como el principal país afectado.
Bernard Cazeneuve, ministro del Interior, ha difundido una orden contra “los sistemas que ponen en contacto clientes y chóferes fuera del marco de la ley”. Esta misma tarde recibía a varios representantes del sector taxista y además ha pedido a la Fiscalía que investigue la “organización de actividades ilegales de transporte de personas” como posible delito.
Por otro lado, Uber ha exigido respeto por su camino legal normal. Thomas Meister, portavoz de la compañía, ha defendido que “en un Estado de Derecho corresponde a la justicia determinar qué es legal o ilegal”, según ha informado la agencia Reuters.
