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La LPI sigue sin reglamento dos meses después de su entrada en vigor

José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte
José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte
La Coalición ProInternet denuncia la inseguridad jurídica de los proyectos informativos ‘online’ y la “incertidumbre” generada por el 'canon AEDE', que aún no tiene un reglamento desarrollado.
José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte
José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte
La nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI) impulsada por el Gobierno, que entró en vigor el pasado mes de enero, aún no tiene reglamento, ni se han iniciado el proceso de su desarrollo por parte del ejecutivo y los ministerios implicados. Una situación que genera “incertidumbre” entre empresas innovadoras de Internet, medios de comunicación o instituciones de enseñanza, entre otras, según denuncia la Coalición ProInternet.

La asociación en defensa de los derechos de los internautas apunta además que está creciendo “el miedo a un futuro impacto, por ahora desconocido, de esta Ley en los proyectos digitales”, lo que a su vez lastra el desarrollo de la Sociedad de la Información en España y provoca “un parón innovador” .

En una nota recogida en la web de la Asociación de Internautas, la Coalición ProInternet insiste en que la LPI está provocando una “inseguridad jurídica que afecta a todos los proyectos informativos en internet”, así como “a la competencia y a la libertad de elección de información de los internautas”.

Según esta asociación, los más perjudicados son los medios digitales de más reciente creación, que recibían mucho tráfico a través de los agregadores de noticias como Google News, que cerró su servicio en nuestro país. En su opinión, esto deriva en la “disminución de las fuentes de información para el ciudadano” y en “una barrera para nuevas iniciativas digitales”.

Por otro lado, la Coalición ProInternet entiende que la LPI también afecta a la ‘Marca España’, pues “se está perdiendo un porcentaje sustancial de la información que ofrecía España a nivel internacional”. Reitera además que se trata del “primer país democrático del mundo que ha forzado el cierre” de los agregadores de noticias, lo que ha sido recibido con recelo en el mundo digital.
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