Las grandes constructoras aseguran que faltan viviendas en España cuando hay 3,4 millones de casas vacías

Construcción

Las grandes constructoras aseguran que faltan viviendas en España cuando hay 3,4 millones de casas vacías

Edificio en construcción

Seopan urgen al Gobierno a crear una sociedad pública para rescatar a las autopistas de peaje. El presidente de Seopan, Julián Núñez, ha asegurado hoy que en algunas regiones de España hay “déficit de viviendas” y que es necesario que vuelva el crédito bancario para que “haya casas nuevas”. En su opinión, el sector ya ha tocado fondo y espera que este año vuelva a crecer la cifra de pisos que se empiezan a construir.

Según los últimos datos del INE sobre el Censo de Vivienda, a 1 de noviembre de 2011 había en España 3,44 millones de casas vacías, el 13,7% del total.

Según recoge la agencia Servimedia, la patronal de las grandes constructoras cree que aún tendrán que pasar algunos años para que se construyan entre 200.000 y 250.000 viviendas, una cifra necesaria y sostenible. Para Ñúñez, aunque el sector está “estabilizado” no recuperará antes de 2016 su velocidad de crucero. La cuestión es “cuánto tiempo vamos a estar en el suelo”, añadió.

¿Liquidación de las autopistas?

Por otro lado, la patronal estima que la eventual liquidación de la decena de autopistas de peaje actualmente en riesgo que quiebra supondría un coste para el Estado de unos 5.000 millones de euros.

La asociación aboga así por la integración de estas vías en una sociedad pública de autopistas, incluso aunque finalmente sea de capital 100% estatal, al considerar que se trata de la «mejor opción para el interés general».

La patronal constructora asegura que constituir una empresa nacional de autopistas «no supone ningún rescate» para el sector, dado que, según asegura, las concesionarias de las vías ya dan por perdidos 1.800 millones de euros.

En cuanto a la eventual opción de la liquidación, Seopan avisa de que, además del coste que supondría para el Estado, también provocaría un enfrentamiento judicial de las principales empresas del sector con el Gobierno, al que reclamarían más de 2.300 millones de euros y que duraría varios años.

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