Las renovables denuncian que Industria se salta la ley al elegir a dedo a las consultoras que fijarán su retribución

Economía

Las renovables denuncian que Industria se salta la ley al elegir a dedo a las consultoras que fijarán su retribución

Molinos de viento

La Asociación Española de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha enviado una carta al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) –organismo dependiente del Ministerio de Industria- para denunciar la “irregularidad” que está cometiendo el organismo por elegir a dedo a las tres consultoras que ayudarán al Ministerio de Industria a valorar la inversión en las plantas fotovoltaicas afectadas por la reforma energética y fijar su retribución.

En este sentido, la asociación recuerda que las Instrucciones internas del IDEA recogen que los contratos se regirán por el Real Decreto 3/2011, texto que regula los contratos del sector público y que exige la pública licitación.

“El Artículo 53 de este Real Decreto establece que con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, los órganos de contratación difundirán, a través de Internet, su perfil de contratante. Condición asumida por el propio IDAE, en sus instrucciones internas para la contratación, que establecen que con el fin de dar publicidad a la solicitud de ofertas, la información relativa a la licitación se insertará en el Perfil de Contratante que se dispondrá en la página Web oficial de IDAE, mediante procedimiento que permita dejar constancia de la fecha en que se hace pública”, señala Anpier. Sin embargo, esta circunstancia no se ha producido.

Las tres empresas a las que se adjudicará el contrato se embolsarán 900.000 euros más IVA, cerca de un millón de euros, que Anpier tacha de “burla al sector”. Por este motivo, enviará al Ministerio las facturas originales de las instalaciones para que la Administración pueda conocer “con absoluta fidelidad” el coste real que supuso dichas inversiones.

Los fotovoltaicos han criticado también que se trata de «un capítulo más de la infausta reforma del sector eléctrico, que supone uno de los mayores escándalos de la historia de la democracia española, puesto que es el propio Estado el que estafa a los ciudadanos». Por ello han pedido al Ministerio de Industria que “recapacite” y “rectifique”.

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