Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF rechazan, en un comunicado conjunto, la reforma energética presentada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo por considerar que “atenta contra el medio ambiente para proteger los intereses de las grandes compañías eléctricas”. Además, advierten de que las demandas, tanto internacionales como nacionales, tendrán un coste mayor que lo que pretende ahorrar el Ejecutivo con esta medida.
Estos colectivos se quejan de que la norma “culpa de los males del sistema al desarrollo de las energías renovables y al descenso de la demanda eléctrica, pero no dice nada “de los enormes beneficios de las eléctricas en un mercado distorsionado, muy poco transparente, y controlado por cinco grandes empresas”.
Las organizaciones ecologistas consideran que la reforma energética propuesta por el Gobierno va contracorriente de la tendencia internacional de apoyo a las renovables como motor económico de futuro. “Energías limpias que fomentan la independencia energética y luchan contra el cambio climático”, recuerdan en su comunicado.
Denuncian estos colectivos que el decreto del Gobierno “en lugar de fomentar el autoconsumo lo penaliza con una serie de barreras que imposibilitan que cualquier persona pueda producir su propia energía de forma limpia y más barata que la consumida desde la red. Y recuerdan que “incluso, el no registrarse como autoconsumidor en el ministerio conllevará incurrir en una falta muy grave tipificada con una sanción de hasta 60 millones de euros”.
Se quejan de que “el paquete normativo está diseñado para frenar en seco el desarrollo de las energías renovables en favor de las tecnologías sucias (gas, carbón y uranio)”, ya que “de forma retroactiva, cambia normas para inversiones que ya se han producido”, lo que “llevará a España a reclamaciones nacionales e internacionales, con la probable consecuencia de un coste mayor que el que se pretendía evitar, y con la segura pérdida de credibilidad del país, por lo que supone de total falta de seguridad jurídica”.
Finalmente, estas organizaciones denuncian la absoluta falta de transparencia mostrada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en la elaboración y tramitación de todo el paquete normativo.
Consideran” inaceptable disponer de solo diez días para alegar una normativa de esta naturaleza e importancia, especialmente cuando viene acompañada de un paquete de siete reales decretos, cuatro órdenes ministeriales, una resolución y un proyecto de ley, precedidas de un Real Decreto-Ley”.
