La nueva normativa que prepara el Gobierno sobre las cajas de ahorros, y que supondrá la conversión de las entidades en fundaciones y la ‘profesionalización’ de los consejeros de los bancos a los que entregaron sus negocios financieros ya ha tenido la primera respuesta por parte de los sindicatos, que quieren mantener una representación en los órganos de gobierno de las nuevas entidades.
Comfia-CCOO ha presentado ya al Ministerio de Economía y Competitividad que dirige Luis De Guindos las alegaciones al Anteproyecto de Ley, que podría entrar en vigor a finales del próximo año. Para el sindicato, la configuración de los órganos de gobierno propuesta “parte de un análisis erróneo” que “obvia el papel de los gestores” en los problemas que han afectado a las cajas.
Además, propone la “exención de incompatibilidad a los cargos sindicales cuando formen parte de la plantilla de la entidad y accedan a los órganos de gobierno en el grupo de los trabajadores”. CCOO se muestra también muy crítico con el hecho de dejar a la “discrecionalidad del Banco de España” los requerimientos de honorabilidad de los consejeros y pide que se vuelvan a los criterios anteriores.
Respecto a la creación de la nueva figura de las fundaciones bancarias, Comfia-CCOO señala que no queda suficientemente claro “cuántas pueden concurrir en un mismo banco”, y pide asimismo que en los patronatos que dirigirán estas fundaciones “haya también presencia de un representante de los empleados”.
Tal y como señalaron fuentes del Ministerio de Economía, el texto que prepara el Gobierno contempla la “incompatibilidad” para ocupar al mismo tiempo un asiento en el consejo de administración de los bancos a los que las entidades transfirieron sus negocios financieros y uno en los patronatos de las fundaciones. Pero además, no sólo los consejeros de los bancos no podrán sentarse en los patronatos de las nuevas fundaciones, sino que además tanto consejeros como patronos deberán cumplir con unos estrictos requisitos de “honorabilidad” y “profesionalidad” que quedarán bajo la autoridad del Banco de España.
No obstante, finalmente uno de los mayores temores de las cajas, verse obligadas a perder el control de los bancos, no se producirá, si bien el texto acordado entre el Gobierno español y Bruselas incluye algunas cláusulas que las entidades deberán cumplir en función de su participación en los bancos.
En concreto, las cajas que controlen más de un 10% de un banco deberán convertirse en fundaciones bancarias en un plazo de unos cinco meses. El máximo órgano de esta fundación será el patronato, que deberá estar formado por 20 miembros bajo estrictos criterios de “honorabilidad” y con probada experiencia en el sector. En el caso de que controlen más de un 30% del banco, estas fundaciones deberán suscribir asimismo un protocolo de gestión y presentar un plan financiero anual.
Si la participación es superior al 50%, el plan financiero deberá ser más exhaustivo, con un programa de diversificación estratégica que otorgue al Banco de España la posibilidad de clarificar la estructura de riesgos de la entidad. Asimismo, las fundaciones deberán en este caso crear un “fondo de reserva”, cuya dotación final será decidida por el Banco de España en función de los activos ponderados por riesgo la participación que tenga la antigua caja en el banco. Toda participación de una caja inferior al 10% obligará a la conversión en una fundación ordinaria, bajo tutela de la autonomía.
