La crisis de Bankia se ha convertido en el paradigma de la crisis bancaria que ha azotado a España: burbuja inmobiliaria, fusión con criterios políticos, falta de transparencia en sus cuentas, órganos de gobierno politizados y, finalmente, rescate a cargo de los contribuyentes. Sin embargo, los gestores que han llevado a la entidad a la ruina niegan toda responsabilidad.
Por el momento, 33 ex consejeros de la entidad, incluido el expresidente Rodrigo Rato, se sentarán en el banquillo como imputados en la investigación que está llevando a cabo el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional. Las declaraciones, que comenzaron a principios de noviembre, concluirán el 20 de diciembre con la intervención del propio Rato.
Otros ‘ilustres’ que deberán dar sus explicaciones al juez Andreu serán el exconsejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, o el expresidente de Bancaja y del Banco de Valencia, José Luis Olivas. También se tomará declaración al presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, Arturo Fernández; representantes del PP como el exsecretario general de esta formación en Madrid Ricardo Romero de Tejada o el expresidente de la Asamblea regional Jesús Pedroche; del PSOE como el exdiputado autonómico de Madrid Jorge Gómez; y de IU como Juan Antonio Moral Santín.
Entre las comparecencias que se han ido conociendo por el momento, un guión común: la negación de toda responsabilidad y/o conocimiento sobre la situación en la que se encuentra. Por el contrario, los imputados han cargado culpas contra Deloitte, la auditora que se negó a firmar las cuentas de 2011, o contra el Banco de España.
El agujero de la entidad ha ido ‘in crescendo’ según avanzaban las etapas de la crisis. En un primer momento, el entonces recién creado Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) otorgó en 2010 un crédito de 4.465 millones de euros a Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de la actual Bankia, para facilitar de este modo la integración de las siete cajas fundadoras del grupo: Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Rioja, Caixa Laietana y Caja Insular de Canarias.
Dos años después, el FROB se ha visto obligado a convertir ese préstamo en capital contante y sonante ante al agujero patrimonial que presenta la entidad, a pesar de que en 2011 había captado más de 3.000 millones a través de su salida a Bolsa. Sin embargo, la inyección no fue suficiente, como dejó claro el agujero de 24.743 millones de euros detectado por el test de estrés de Oliver Wyman. Gracias a diferentes desinversiones y a la quita impuesta a los tenedores de las preferentes, el rescate con fondos europeos se reducirá hasta 17.959 millones de euros.
No obstante, una cifra sin antecedentes en la historia de España. Para hacerse una idea, el coste del saneamiento de Banesto, intervenido en diciembre de 1993, ascendió a unos 1.168 millones de euros, que si se tiene en cuenta la subida de la inflación durante estos casi 20 años se eleva a algo más de 2.300 millones, prácticamente una décima parte que en Bankia. Asimismo, el Tribunal Supremo ratificó a una condena de 20 años de cárcel a Mario Conde, presidente de Banesto, que cumpliría inicialmente en la prisión de Alcalá Meco. Aún habrá que esperar un tiempo para ver si la historia se repite.
Unión política
Lo cierto es que Bankia nació ya debilitada hace dos años, quizás por realizarse con criterios más políticos que económicos, en lo que en su momento se llegó a calificar como la gran caja del PP. La fusión, no obstante, fue impulsada por el Banco de España, entonces bajo la dirección de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y contó con el visto bueno tanto del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero como de los ejecutivos autonómicos populares de Esperanza Aguirre (Madrid) y Francisco Camps (Comunidad Valenciana).
El grupo, fruto de la fusión de siete cajas de ahorros, estaba liderado por Caja Madrid y Bancaja; al frente de ambas, Rodrigo Rato y José Luis Olivas. La relación entre ambos nunca fue sencilla pese al rápido acuerdo para la fusión, pero se rompió del todo a raíz de la intervención de Banco de Valencia. La sospecha de Caja Madrid y Rato era que Bancaja no contó toda la realidad de sus cuentas a la hora de la fusión, aunque el sentimiento era mutuo.
Rato había llegado a principios de 2010 a Caja Madrid, como apuesta personal de Esperanza Aguirre para sustituir a Miguel Blesa, con el que se habían enfriado sus relaciones, y que a su vez contaba con el apoyo del entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Si la labor de Rato al frente de Caja Madrid y Bankia es cuestionable, lo mismo se puede decir de la etapa de Blesa. Su herencia envenenada incluye la asunción de riesgos inmobiliarios a pesar de las advertencias del supervisor, y la emisión de participaciones preferentes por valor de 3.000 millones de euros, en las que han quedado ahora atrapados miles de clientes minoristas.
Bancaja, al igual que su socia Caja Madrid, se puede considerar otra víctima de los políticos durante la época de bonanza económica. La caja valenciana, que durante el ‘boom’ inmobiliario acumuló riesgos en el ladrillo, estaba presidida desde 2004 por José Luis Olivas, que fuera presidente de la Generalitat en 2002 tras la marcha de Eduardo Zaplana para asumir la cartera de Trabaja en el Gobierno de Aznar. En ese sentido, todas las miradas apuntan al siempre polémico Francisco Camps, que sucedió a Olivas como jefe del ejecutivo autonómico tras su victoria electoral en 2003, otorgando a su antecesor el codiciado puesto al frente de Bancaja.
Tras varios ‘tiras y aflojas’ y un sinfín de rumores, la situación de Bankia se hizo finalmente insostenible en mayo de este año, cuando la negativa de la auditora Deloitte a firmar las cuentas de 2011 del banco, unida a un devastador informe del FMI sobre la solvencia de la entidad, llevó a Mariano Rajoy a forzar la dimisión de Rato, antiguo compañero de gobierno en la etapa de Aznar, y sustituirlo por el ex BBVA José Ignacio Goirigolzarri.
Inmediatamente tras la llegada del banquero vasco se produjo la dimisión en bloque del antiguo consejo de administración y se reformularon las cuentas de 2011: un beneficio de 300 millones de euros se convirtió al instante en unas pérdidas de casi 3.000 millones.
Goirigolzarri, que cumple ya seis meses en la presidencia, será el encargado a partir de ahora de pilotar Bankia y reconducir la situación de esta entidad, considerada de carácter sistémico. El rescate de la entidad, de casi 18.000 millones de euros, no saldrá gratis, sino que obligará a recortar casi una cuarta parte de la plantilla, unos 6.000 trabajadores, y un 39% la red de sucursales, que pasarán a un entorno de entre 1.900 o 2.000.
Cuando se llevó a cabo el proceso de creación de BFA, se aprobó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 3.700 trabajadores, el 16% de la fuerza laboral, lo que redujo la plantilla hasta cerca de 21.000 empleados. No obstante, las condiciones que ofreció Bankia fueron generosas: los trabajadores de 55 años que se acogieron a las prejubilaciones recibieron el 95% del sueldo del último ejercicio y los que se firmaron las bajas voluntarias cobraron una indemnización de 45 días por año trabajado. Aunque en principio Goirigolzarri se ha mostrado dispuesto a buscar un consenso con los sindicatos, probablemente las condiciones esta vez serán más duras.
El rescate conlleva además que tanto los actuales accionistas de Bankia, como los tenedores de productos híbridos de capital (entre los que se incluyen las participaciones preferentes) asuman parte de los costes, con lo que los miles de clientes minoristas que en su momento confiaron en la entidad perderán casi un 40% de los ahorros invertidos.
Sólo en preferentes, Bankia tiene en circulación casi 3.200 millones de euros heredados de diferentes emisiones, mientras que las accione de la entidad acumulan una caída superior al 75% respecto a los 3,75 euros a los que salió a Bolsa hace un año y medio.
