Hasta ahora 76.600 familias se han acogido a las medidas contra los desahucios, por debajo de las 120.000 previstas inicialmente. El Fondo Social de Viviendas (FSV) ha adjudicado 9.020 viviendas al cierre de 2016, lo que representa más del 90% de los pisos disponibles para colectivos vulnerables, según las cifras publicadas por el Ministerio de Economía, que añade que desde su creación en 2013, el FSV ha ido aumentando la dotación, hasta un total de 9.866 viviendas aportadas por 29 entidades financieras.
Su vigencia se ha prorrogado un año más, hasta el 17 de enero de 2018. Está previsto, además, extender dos años más la suspensión de los lanzamientos (hasta enero de 2019) que vencía este año y ampliar las medidas de protección a deudores hipotecarios afectados por la crisis, a las familias con menores de edad a su cargo (no sólo hasta tres años).
El conjunto de instrumentos que puso en marcha el Gobierno en 2012 para paliar los efectos de la crisis frente a la problemática de los desahucios han beneficiado a más de 76.600 familias hasta la actualidad, según los cálculos del ministerio que dirige Luis de Guindos, que en un primer momento calculó que hasta 120.000 familias podrían verse beneficiadas.
En concreto, se han suspendido más de 24.000 lanzamientos; más de 45.600 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas (CBP) mediante 38.500 reestructuraciones de deuda y 7.000 daciones en pago, y se han adjudicado 9.020 viviendas a través del FSV.
El FSV se creó en enero de 2013 con 5.892 viviendas aportadas por los bancos, pero se amplió hasta las 9.866 en septiembre de 2015, incluyéndose además nuevos colectivos con derecho a la obtención de una vivienda. En concreto pueden solicitarlo las personas mayores de 60 años y los matrimonios o parejas de hecho sin hijos. Se prevé además que al menos el 5% de las viviendas del FSV se destinen a personas desalojadas de su vivienda por impago de préstamos no hipotecarios siempre que cumplan los demás requisitos.
Se pueden acoger al FSV aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, incluyendo aquellas que todavía no hayan sido desalojadas o las que hayan acordado la dación en pago. Deben reunir una serie de requisitos económicos, en concreto, que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.
Además, deben cumplir con otros requisitos de vulnerabilidad, como ser familia numerosa; tener menores de edad a cargo; tener algún discapacitado; que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones; las víctimas de violencia de género; prejubilados o jubilados que hubieran avalado con sus viviendas a sus hijos o nietos y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.
Según indicó el Consejo tras la reunión de este jueves de su Comisión Directiva, el organismo que preside José Manuel Rodríguez Uribes responde así…
