Los profesionales de la industrial nuclear recuerdan que la reapertura de Garoña depende del CSN, el Gobierno y las compañías propietarias, pero son “optimistas”. La industria nuclear confía en que se acabe dando luz verde a la ampliación de la vida operativa de las centrales nucleares españolas hasta los 60 años, pese al rechazo de buena parte del arco parlamentario actual.
Durante una rueda de prensa celebrada esta mañana para dar a conocer los resultados del sector en 2016, José Antonio Gago, que este mismo jueves asumirá la presidencia de la Sociedad Nuclear Española (SNE) en sustitución de José Ramón Torralbo, ha asegurado que la asociación es “optimista” sobre el alargamiento de la vida de las nucleares más allá de los 40 años.
La primera prueba es la planta de Santa María de Garoña, la más antigua del país y en situación de parada segura desde 2012. Según explica Gago, para su reapertura tienen que darse tres condiciones: que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) lo apruebe, que los propietarios de la central lo vean viable y rentable y, por último, que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, liderado por Álvaro Nadal, lo autorice.
El CSN dio a principios de este mes el visto bueno para abrir la central burgalesa, la mas antigua de las cinco nucleares del país, siempre y cuando cumpla una serie de condiciones e instrucciones técnicas, como por ejemplo, adaptar el sistema de protección frente a incendios o revisar el plan de envejecimiento. Así, la primera de las condiciones apuntadas por el nuevo presidente de la SNE ya se habría cumplido.
Pese a este informe del Consejo de Seguridad, la última palabra al respecto la tiene el Gobierno, que dispone de un plazo de seis meses para pronunciarse.
La oposición se opone de lleno a ampliar la operación de la nuclear hasta los 60 años. La Comisión de Energía del Congreso aprobó ayer, con los votos en contra del PP, poner en marcha las medidas necesarias para la clausura definitiva de Garoña y el desarrollo de un plan alternativo para reactivar económicamente la zona. El texto acordado fue el resultado de la fusión de dos proposiciones no de ley presentadas por los grupos del PSOE y Unidos Podemos, y fue suscrito también por Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y el Grupo Mixto y en el se pide al Ejecutivo que no autorice la reapertura de la central burgalesa.
Nuclenor, la corporación participada por Iberdrola y Endesa propietaria de la central, aún no se ha pronunciado acerca de sus intenciones.
