El Gobierno aprueba el nuevo bono social gracias a los votos de PSOE y Ciudadanos

El Ejecutivo ratifica el real decreto con 248 votos a favor, 77 votos en contra y 15 abstenciones. El nuevo real decreto ley sobre la financiación del bono social de la tarifa de la luz y que prohíbe los cortes de suministro en situación de exclusión social ha superado el trámite del Congreso de los Diputados. El Partido Popular ha sacado adelante la norma gracias al apoyo de Ciudadanos y del PSOE. Por su parte, Unidos Podemos ha procedido a emitir su voto negativo.
 
El discurso que ha lanzado el portavoz de los socialistas en el Congreso, Antonio Hernando, ha virado en que “el PSOE trabaja para que no haya cortes de luz”, de ahí su voto positivos. La financiación del bono social ha contado con 248 ‘síes’ (PP, PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nuevas Canarias), 77 ‘noes’ (Unidos Podemos, ERC y EH Bildu) y 15 abstenciones (las de Compromís, PNV y el Partido Democrático de Cataluña).
 
A partir de ahora, el bono social será costeado por todas las comercializadoras y no solo por las que desarrollan también actividades de generación y distribución. Si en la actualidad se pueden beneficiar del bono social las familias con todos sus miembros en paro, los perceptores de pensiones mínimas, las familias numerosas y los consumidores con una potencia contratada inferior a tres kilovatios, con esta aprobación se consideran cuatro tipos de consumidores: los ordinarios; dos clases de usuarios vulnerables, que tendrían distintos niveles de descuento en la tarifa regulada; y una categoría de consumidores especialmente vulnerables, atendidos por los servicios sociales, a los que no se podrá cortar la luz.
 
De esta manera, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha destacado, como ha recogido EFE, que las compañías eléctricas estarán obligadas a comunicar la situación de impago a los consumidores y contactar con los servicios sociales para ver si entran en la categoría de “extremadamente vulnerables”. Asimismo, se ampliará de dos a cuatro meses el periodo de aviso en el caso de los consumidores vulnerables.