Las ‘líneas rojas’ de las eléctricas para el nuevo bono social

Las grandes eléctricas recuerdan el carácter “discriminatorio” de las anteriores propuestas y señalan algunas alternativas. Todos los grupos parlamentarios están de acuerdo: las comercializadoras eléctricas tienen que asumir el coste del bono social. Los portavoces de Energía del Congreso de los Diputados han apoyado la idea del nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, de modificar el sistema de financiación de esta ayuda para el pago de la luz, tumbado por segunda vez a finales del mes pasado por el Tribunal Supremo, para que sean las compañías del sector las que se responsabilicen de los 190 millones de euros anuales que supone la medida. Las grandes operadoras quieren evitar posicionarse al respecto hasta conocer los cambios y su aplicación, pero insisten en el carácter discriminatorio de las anteriores propuestas.
 
“Con lo que no estamos de acuerdo es con la metodología que se aplicaba para financiar el bono social. Lo que defendemos es que la fórmula que se defina a partir de ahora no sea discriminatoria ni perjudique ni favorezca a unos agentes o a otros”, aseguran a ElBoletín.com desde Viesgo, que en base al sistema aprobado en 2013 debía asumir un 2,2% del coste del bono social.
 
Esta falta de equidad es lo que llevó al Supremo a anular el descuento el sistema de financiación del descuento del 25% en la factura de la electricidad a los consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada, los pensionistas, las familias numerosas y los hogares con todos los miembros en paro. Obligó además a devolver a las eléctricas las aportaciones realizadas.
 
Dos veces ha fallado el alto Tribunal en favor de las energéticas. Primero en 2012, cuando éstas recurrieron la primera regulación del bono social, instaurado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en cumplimiento de una directiva de la Comisión Europea que reconoce la protección de los consumidores eléctricos más vulnerables. Las grandes eléctricas debían asumir el coste.
 
Tras la primera sentencia del Supremo, en 2013 se modificó para que la ayuda corriera a cargo de empresas con actividades de producción, distribución y comercialización, es decir, las “integradas”. En total, unas 23 empresas tendrían que financiarlo. Pero para el Alto Tribunal, según el fallo del mes pasado, seguía habiendo “discriminación”.
 
Ahora, lo propone Nadal es que asuman el coste todas las comercializadoras, incluidas las independientes, que hasta ahora estaban exentas. Eso supondría ampliar el reparto a unas 250 compañías.
 
“No se puede discriminar entre comercializadoras”, ha asegurado el propio ministro. A pesar de ello, desde las grandes empresas eléctricas, como Iberdrola, se muestran reticentes. Entienden que el bono social tiene que ver con la política social y, por tanto, la ayuda la debería costear el Estado y no las sociedades del sector. “Creemos que no es la solución”, apunta la compañía presidida por Ignacio Galán.
 
En este sentido, defiende que “ya protege a casi el 99% de sus clientes en España de la suspensión del suministro energético por el impago de la factura”, en el marco de los diversos convenios sellados con Administraciones Públicas y ONG.
 
Por su parte, Gas Natual y Endesa han evitado hacer declaraciones a ElBoletín.com respecto a las intenciones del Gobierno a la espera de revisar las normativas que se puedan poner en marcha.
 
Pero la última ha propuesto tres alternativas para acabar con la pobreza energética. Su primera propuesta es una reforma del bono social “con criterios de renta”, limitando su acceso a aquellos hogares que acrediten tener ingresos inferiores al 120% del salario mínimo interprofesional. Por otro lado, proponen que el Fondo de Eficiencia Energética, financiado por las compañías del sector, se destine a mejorar las viviendas de los más vulnerables, normalmente con sistemas antiguos o problemas de aislamiento que han que su consumo eléctrico sea mayor. En último lugar, animan a la creación de un fondo para pobreza energética gestionado por los Ayuntamientos destinado a pagar las facturas de la luz a quienes no pueden costearlo, que financiarían las arcas municipales.
 
Con la reciente sentencia del Supremo, la indemnización que se tendría que pagar a las eléctricas superaría los 500 millones de euros, aunque el Ministerio de Energía ya ha solicitado la nulidad del fallo. Esta anulación del bono social y la reciente muerte en un incendio provocado por una vela de una anciana a la que le habían cortado la luz en Reus, ha acelerado el debate sobre la reforma de esta ayuda y el problema de la pobreza energética. Según un informe elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales, hasta 7.100 muertes al año en España podrían estar asociadas a la pobreza energética.