La tasa Tobin tendrá que esperar al menos hasta 2018

La propuesta está en manos de un proyecto legislativo de la Comisión Europea que servirá a los países para decidir si siguen adelante o no con la tasa Tobin. La ansiada tasa Tobin vive un nuevo retraso que la aleja más que nunca. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha asegurado este martes, después de la reunión determinante con sus homólogos sobre este asunto, que esta medida no entrará en vigor antes de enero de 2018. A pesar de ello, el popular ha aplaudido que los diez países europeos que se comprometieron a implantarla han logrado “por primera vez una especie de consenso sobre los principios básicos que forman este impuesto”.
 
De esta manera, Alemania, Francia, Italia, España, Eslovenia, Austria, Portugal, Eslovaquia, Grecia y Bélgica han logrado “por primera vez” en cuatro años esa “especie de consenso” que ha destacado Guindos. De hecho, los ministros de Finanzas de dichos países han encargado a la Comisión Europea que presente un proyecto legislativo para dar forma a la tasa y entrar en detalles. Texto que el ministro español espera que esté disponible antes de finales de año.
 
Menos optimista se ha mostrado Wolfgang Schäuble que ha aseverado que “2018 sería una fecha planteable”, aunque en este asunto ha pedido “cautela”. Así no se fomenta “expectativas que luego no se cumplen” vista la reticencia que existe en ciertos países: “Algunos han dicho que tienen aún que estudiar el impacto en los sistemas de pensiones”.
 
“No me extrañaría que luego viniesen algunos y dijeran que tenemos algunos problemas aquí y allá y ahora no podemos”, ha avanzado Schäuble. Por ello, la pelota está en el tejado de la Comisión Europea que una vez que presente el texto encargado servirá a los 10 países, como ha asegurado el ministro alemán, para “decir sí seguimos o no”. Es por eso que si todos los socios “dicen que sí, podremos hacerla, pero esperemos a ver”.
 
Una espera que se alarga y que coincide con la opinión de más de 250 economistas y expertos que buscaron rescatar la semana pasada la propuesta olvidada. A través de una carta enviada a los líderes de finanzas de los 10 países, este alto número de profesionales recordaron que con esta medida se recaudarían hasta 20.000 millones anuales que podrían dirigirse a la creación de empleo y a la protección de servicios públicos, además de financiar la lucha contra la pobreza y bienes públicos globales como la salud, tanto fuera como dentro de Europa.