La Corte Suprema frena el aumento de tarifas de gas en Argentina

Las tarifas de gas se encontraban en su mayoría congeladas desde hace más de una década en la región metropolitana de Buenos Aires. La Corte Suprema de Justicia dispuso hoy frenar el fuerte aumento de la tarifa de gas para los usuarios residenciales en la Argentina hasta la realización de audiencias públicas, informó el Centro de Información Judicial.
 
El máximo tribunal retrotrajo el cuadro tarifario a los valores que estaban vigentes al 31 de marzo pasado, antes del aumento dispuesto por el Gobierno de Mauricio Macri, que luego fijó un tope de 400 por ciento de incremento en el caso del gas.
 
Las tarifas de gas se encontraban en su mayoría congeladas desde hace más de una década en la región metropolitana de Buenos Aires -en la que habita cerca de un tercio de la población nacional-, con precios subsidiados por el Estado y pese a la alta inflación registrada en los últimos diez años.
 
Macri, quien asumió en diciembre pasado, dispuso una actualización de las tarifas de los servicios públicos que en algunos casos llegó a cerca de un 1.000 por ciento, lo que generó numerosas apelaciones de ciudadanos ante la Justicia. El objetivo de la nueva administración era eliminar parte de los multimillonarios subsidios del Estado para oxigenar las arcas públicas.
 
La resolución de la Corte Suprema establece que la audiencia pública previa a la fijación de las tarifas de gas «es de cumplimiento obligatorio» de acuerdo al artículo 42 de la Constitución Nacional, que prevé la participación de los usuarios en los servicios públicos.
 
De acuerdo a lo dispuesto por el máximo tribunal, las audiencias deben realizarse para debatir las tarifas del transporte y la distribución del gas, cuyos valores son fijados monopólicamente. No será necesario hacerlas para el «de ingreso al sistema de transporte del gas» debido a que «la producción y comercialización de gas es efectivamente una actividad económicamente desregulada y no fue calificada como servicio público».
 
Por otra parte, la Corte Suprema dispuso que se mantenga la tarifa social establecida por el Gobierno para subsidiar el consumo de los hogares de menores recursos y remarcó al Congreso «la necesidad de dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación».