La magistrada cree que hay indicios de que actuaron como cooperadores necesarios en supuestos delitos de apropiación indebida y administración desleal. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha citado a declarar como investigados a 23 exconsejeros y directivos de Bancaja, entre ellos el que fuera presidente del Banco de Valencia, Antonio Tirado, por la concesión de créditos a la sociedad Grand Coral. Los antiguos gestores de la malograda caja valenciana desfilarán ante la magistrada entre el 12 y el 15 de septiembre.
Según el auto hecho público hoy, la juez Lamela considera que existen indicios de que los 23 investigados actuaron como cooperadores necesarios en supuestos delitos de apropiación indebida y administración desleal, ya que votaron a favor de los acuerdos relativos a Grand Coral que afectan a tres operaciones inmobiliarias en la Baja California y la Riviera Maya (Emerald, Zacatón-Piedras Bolas y Vinoramas), así como a la refinanciación de la deuda del grupo.
Los citados son Antonio Tirado, Arturo Virosque, Josefa Martín, José María Catalunya, Eduardo Montesinos, Vicente Montesinos (12 de septiembre); Ángel A. Álvarez, Manuel Escámez, Rafael Ferrando, Francisco V. Gregori, Ana Llanos, Ana Herce (13 de septiembre); María Teresa Montañana, Ernesto Pascual, Remiglio Pellicer, María del Rocío Páramo, Juan Antonio Pérez, Matilde Soler (14 septiembre); y Ana María Torres, Isaies Fayos, Carmen Hernández, Francisco E. Villena (15 de septiembre).
Según un informe pericial remitido al Juzgado Central de Instrucción 3 hace un año, Bancaja concedió durante la presidencia de José Luis Olivas, al menos dos créditos a la sociedad que debieron ser considerados “dudosos por razones de morosidad” desde 2010, ya que la refinanciación aprobada por la entidad “no cumplía con las normas” del Banco de España.
En ese sentido, la agencia Efe publica que dos expertos independientes del Banco de España que analizaron la fusión y salida a Bolsa de Bankia señalaron también irregularidades en un préstamo sindicado de 520 millones de euros que la entidad presidida por Olivas aprobó el 29 de enero de 2010 para llevar a cabo “la refinanciación y reagrupación de la deuda viva” de dos sociedades del Grupo Grand Coral: Playa Paraiso Maya y Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos.
El análisis pericial señalaba que Bancaja concedió estos créditos por “la incapacidad de las sociedades del grupo Grand Coral de hacer frente a los vencimientos de las financiaciones”.
La estructura del grupo, que desarrolló la construcción de hoteles y viviendas de lujo en el Caribe mexicano, se articuló en un doble nivel con sociedades domiciliadas en Holanda que no realizaron “ningún tipo de actividad inmobiliaria” y una serie de filiales mexicanas que se encargaron de las actividades de promoción. El accionariado de Grand Coral estaba formado por Bankia Habitat (40%), Urbanika, SL (10%), Bacavum (sociedad propiedad del Banco de Valencia y la familia Calabuig, 15%), Iljafran (21%) e Inquan (14%). Estas dos últimas sociedades eran propiedad, respectivamente, de los empresarios Juan Vicente Ferri y Jose Salvador Baldó, también arrestados en la denominada ‘operación Coral’.
