El tribunal con sede en Luxemburgo cree que la presunción se sospecha a todas las transferencias de fondos que incluye la ley no respeta las normas europeas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado en una reciente sentencia que la norma española sobre el blanqueo de capitales y financiación terrorista es “contraria” al derecho comunitario, pues establece una presunción se sospecha a todas las transferencias de fondos con carácter general, incluso las que objetivamente no suponen ningún riesgo delictivo.
El organismo, con sede en Luxemburgo, considera que esta generalización no se ajusta a los derechos establecidos en la UE y que, además, no permite demostrar la inocencia de estas transferencias que no presentan riesgos de tratarse de un caso de lavado de dinero procedente de un acto ilícito.
La sentencia responde a una cuestión remitida por la entidad de pagos Safe Interenvíos, en la que se denuncia además la práctica de los bancos de cancelar o negar la apertura de cuentas corrientes por parte de estas empresas que gestionan transferencias para poder realizar las operaciones. Las entidades bancarias se amparan en las exigencias de documentación de la ley española para demostrar que la operación de responde a actividades delictivas.
Aunque la directiva europea respecto al blanqueo de dinero permite a los Estados unas medidas más rígidas, el TJUE apunta que la ley española extiende la sombra de sospecha a todos los ciudadanos y a todas las transferencias, algo que no respeta los derechos comunitarios.
Además, el tribunal entiende que las normas españolas implican costes y dificultades adicionales para la prestación de servicios de gestión del envío de fondos, por lo que puede persuadir a las empresas que se encargan de ello a operar en España, afectando a la competitividad.
