El juicio contra Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega por el supuesto falseamiento de las cuentas de CCM, visto para sentencia. La defensa del expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, ha reclamado la “pronta” absolución de su cliente para que pueda recuperar “la tranquilidad de vivir en paz” y poner fin a un “calvario” que se ha alargado durante los seis años en los que se ha investigado el falseamiento contable de la entidad.
Según publica Europa Press, el Juzgado Central de lo Penal ha dejado este viernes visto para sentencia el juicio, en el que la Fiscalía Anticorrupción ha elevado a definitiva su petición de dos años y medio de cárcel para Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega por un delito societario que habrían cometido al falsear las cuentas de la caja manchega.
Anticorrupción ha solicitado imponerles también una multa de 30.000 euros e inhabilitarles para ejercer cargos de administración o dirección en entidades de crédito o del sector financiero durante el tiempo de su condena.
“El planteamiento de Moltó de culpar al Banco de España, es como el pirómano que echa la culpa al bombero. ¿Quién es el culpable: quien ha prendido fuego o quien ha enviado las cuentas?”, se ha preguntado el fiscal Luis Rodríguez Sol.
Sin embargo, la defensa de Hernández Moltó, exportavoz de Economía del PSOE en el Congreso, ha exigido la “pronta” absolución de su cliente “para que, por lo menos, recupere la tranquilidad de vivir en paz y poner fin a este calvario” que se ha prolongado durante los seis años que ha durado el procedimiento.
“¿Qué disputa es ésta?”, se ha preguntado, “ellos ya han hecho el daño que querían a Moltó”, ha exclamado su abogado, para recordar que al exdirigente socialista se le ha grabado a las puertas del juzgado, se le ha “estigmatizado” y se ha mezclado su imagen con “gente de diferente pelaje”. “El daño ya está hecho”, ha concluido.
La defensa del exdirigente socialista ha advertido además de que las cuentas no representaron ningún “peligro” por ser provisionales y ha concluido que la acusación incurre un “error de bulto” por no cumplirse los requisitos de los tipos penales y la fianza de 140 millones de euros se fijó pese al patrimonio “modesto por haberlo invertido” de su representado.
