Gestha critica que no se aplique el principio de la prescripción de cuatro años y “a otras personas les prescriban defraudaciones más graves, como los delitos fiscales”. Los expertos también apuntan a la gestión del Gobierno sobre el ‘caso Pujol’. El Modelo 720 que aprobó el Gobierno contra la evasión fiscal sigue trayendo cola en el ámbito jurídico. Después de que la Comisión Europea encontrase irregularidades en el régimen sancionador de Hacienda, los propios técnicos del ministerio (Gestha) hablan de una norma que “podría vulnerar la Constitución española y el derecho europeo” por chocar contra principios como la “prescripción, culpabilidad o contribución según la capacidad económica”.
Gestha considera “discriminatorio” que a los bienes extranjeros de una persona no se le aplique el principio de la prescripción, algo vital en la seguridad jurídica, de cuatro años, y en cambio “a otras personas les prescriban defraudaciones más graves, como los delitos fiscales”. El choque llega cuando Hacienda considera que los bienes no declarados en plazo son imprescriptibles. A lo que los técnicos entienden que “un simple incumplimiento formal conlleva a que esos bienes se consideren opacos y tributen por su valor en la escala progresiva del IRPF, siendo indiferente cuando fueron adquiridos” por parte del organismo público.
Esta medida aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy fue calificada como una pieza clave en la lucha contra el fraude aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Desde 2013, cada año los residentes españoles tienen la obligación de informar de los bienes y servicios en el extranjero, siempre que superen los 50.000 euros. Esto incluye acciones, inmuebles, fondos o participaciones y derechos que tengan en el extranjero. La ley solo prevé dos excepciones para no tributar si el contribuyente puede probar que esos bienes fueron adquiridos antes de ser residente en España o con rentas declaradas, “algo que será muy difícil de demostrar en muchos casos”, según Gestha.
Pero la posible vulneración de la prescripción no es el único problema que encuentran los expertos de Hacienda sino que “el modelo 720 vulnera el principio de culpabilidad y de proporcionalidad de las penas al aplicar sanciones excesivas después de haber alterado la carga de la prueba sobre el contribuyente”, ha denunciado la agrupación. Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “esta normativa penaliza con mucha dureza una infracción formal, incluso aunque no exista delito fiscal, e impone una imprescriptibilidad que en España solo se prevé para los delitos de lesa humanidad, genocidio y delitos contra bienes o personas protegidos en caso de conflicto armado y de terrorismo que causen la muerte”.
Y por eso, los técnicos de la Agencia Tributaria reclaman al Gobierno que aclare “la cantidad realmente opaca del patrimonio declarado en el exterior, ya que por el momento solo ha salido a flote una pequeña parte, como ha sido el caso de la familia Pujol”.
