El sindicato quiere llegar a acuerdos con los Ejecutivos regionales y municipales como ya ha hecho en Andalucía y Castilla-La Mancha. La Federación de Servicios Públicos de UGT negociará la reimplantación de la jornada de 35 horas semanales en todos aquellos colectivos que la contemplasen con anterioridad al recorte practicado por el Gobierno de Mariano Rajoy con el Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
Explica el sindicato en un comunicado que con esta «consigna» negociará en todas las mesas de convenios y acuerdos que se vieron afectados por el decreto por el que se ampliaba la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales.
UGT aclara que “se trata de acabar con cuatro años de destrucción de derechos y de vulneración de los convenios y acuerdos firmados con los gobiernos regionales y locales antes de 2012” , teniendo en cuenta que “este es un momento propicio para hacerlo dado el cambio de signo político y de actitud de muchos gobiernos regionales y municipales y los signos de recuperación económica que muestran las cifras macroeconómicas que exhibe el propio Ejecutivo”. Una estrategia que, tal y como hacen notar, ya se ha iniciado en la negociación y firma de acuerdos de las comunidades de Andalucía y Castilla-La Mancha.
Entre las exigencias de UGT se encuentra la reinstauración de la Jornada Laboral de 35 horas semanales, así como la recuperación salarial y el cobro efectivo de la paga extraordinaria íntegra para los empleados públicos de todas las administraciones y el aumento del empleo públicos.
Recuerda el sindicato que “el colectivo de empleados públicos ha sufrido cuatro congelaciones salariales consecutivas, que han supuesto una pérdida de poder adquisitivo de 9,20 puntos en los últimos cuatro años; su jornada laboral se ha incrementado; se modificó el régimen retributivo durante la situación de incapacidad temporal para no completar el salario que se percibe en estas circunstancias; se ha reducido la acción social y se ha prohibido la aportación a los planes de pensiones”.
Recalcando que estas medidas, impuestas por normas de carácter urgente, “han degradado las condiciones laborales y los derechos de los empleados públicos, puesto que se han ejecutado sin posibilidad de negociación por parte de los representantes legales de los trabajadores. Acabado este periodo coyuntural, es imprescindible reconducir la situación, frenar, recuperar y ampliar derechos mediante la negociación colectiva”.
