Los impulsores de esta iniciativa consideran que este pago «altera la competitividad» y es «discriminatorio». Cuatro entidades industriales y empresariales han denunciado este viernes ante la Comisión Europea (CE) la indemnización de 1.300 millones de euros que el Gobierno español ha pagado a la concesionaria Escal UGS (controlada por ACS) por la paralización de la planta de almacenaje de gas Castor.
El presidente de la patronal Cecot, Antoni Abad; el presidente del Consejo Intertextil Español, Alejandro Laquidain; el presidente del Centro Metalúrgico, Carles Garriga y la abogada y coordinadora del equipo jurídico, Asun Cirera, han asegurado en una rueda de prensa que este pago “altera la competitividad” y es “discriminatorio” y han recordado que de no quedar anulado por Bruselas, la factura del gas de los consumidores aumentará un 4,5% hasta que se salde la deuda.
Los impulsores de esta iniciativa han asegurado que “recibir 1.300 millones mejora la posición financiera de cualquier empresa, indudablemente” y han añadido que a veces “hay determinadas medidas que se pueden tomar si el interés es prioritario”, pero que en este caso “no hay ningún motivo que lo justifique”. Por ello, están seguros de que la demanda será aceptada por la CE, porque además la indemnización afecta a la competencia y no es compatible con el Mercado Único.
Ante esto, Cirera ha explicado que “el pago de la indemnización se hace a través de Enagás”, pero porque “lo ordena el Estado en base a una norma jurídica” y ha añadido que «el refuerzo económico coloca a ESCAL UGS en posición de fuerza».
Y es que, en julio del pasado año ESCAL UGS presentó un escrito de renuncia a la concesión de explotación de Castor, ya que este almacén había sido paralizado por el Ministerio de Industria en septiembre de 2013 tras los seísmos detectados frente a la costa de Tarragona y Castellón.
