El sindicato cree que “hay un delito de apropiación indebida por el que los responsables de la decisión deben ser condenados”. La sanción de la Inspección de Trabajo a Liberbank por quedarse con parte de las prestaciones por maternidad de sus empleadas no es suficiente para los sindicatos de la entidad, que comienzan a estudiar el inicio de acciones penales por un posible delito de “apropiación indebida”.
El pasado mes de febrero, la Inspección de Trabajo dio a Liberbank un plazo de tres meses para que liquidara correctamente las deducciones por maternidad y abonara las cantidades indebidamente detraídas de las nóminas, después de que el departamento dependiente del Ministerio de Empleo confirmase que el banco se quedaba con parte de las prestaciones que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) pagaba a las trabajadoras durante el período de suspensión de sus contratos.
La entidad liderada por Cajastur comenzó en mayo a devolver este dinero a las empleadas afectadas, pero, según denuncia CCOO, una vez revisadas algunas de las liquidaciones realizadas por la empresa “existen infinidad de errores”. Por ello, el sindicato ha recomendado a las trabajadores que por defecto manifiesten que no dan por buena “la liquidación realizada por la empresa en tanto no se compruebe fehacientemente la misma, reservándose para ello los plazos legales que la legislación establece”. Además pide a Liberbank que dé más datos de dónde saca las cifras de la liquidación practicada.
El sindicato con más representación en el grupo acusa asimismo a Liberbank de estar “jugando” con los plazos que existen para las reclamaciones de cantidades, cumpliendo sólo “parcialmente” con la orden de la Inspección, ya que no abona las cantidades correspondientes a 2013.
En opinión de CCOO, el banco aprovecha en algunos casos para “estafar aún más”. En ese sentido, y ante la posibilidad de que en materia laboral algunos plazos legales para una reclamación del dinero estén ya vencidos, la formación sindical avisa en un comunicado que “desde luego no lo están en materia penal”. Sus servicios jurídicos están estudiando “el traslado a la fiscalía todo este tema para que los responsables de todo este desaguisado paguen por ello”.
“Siempre hemos creído que, en este tema, se ha cometido un delito de apropiación indebida por el que los responsables de la decisión deben ser condenados, más aún cuando eran plenamente conocedores de la ilegalidad que cometían pues habían sido ya condenados judicialmente por ello”, considera CCOO.
Según establece el Código Penal sobre los delitos de apropiación indebida, “serán castigados con las penas del artículo 249 o 250, es decir, pena de prisión de seis meses a tres años y prisión de un año a seis años y multa de seis a doce meses, respectivamente, en su caso, los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros. Dicha pena se impondrá en su mitad superior en el caso de depósito necesario o miserable”.
