La fianza más alta corresponde al ex de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín, que deberá desembolsar 610.000 euros en un plazo de tres días. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido fijar fianzas por un importe total de 4,3 millones de euros para 21 antiguos consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia por el uso de las denominadas tarjetas ‘black’. Estas fianzas, que cubrirá las posibles responsabilidades que puedan declararse por este caso, deberán ser abonadas en un plazo de 72 horas. En caso contrario, se procederá al embargo de sus bienes.
Aunque las tarjetas se crearon en la época de Jaime Terceiro, en esa época se utilizaban para gastos de representación con un límite de 100.000 pesetas. En ese sentido, tras el nombramiento de Miguel Blesa en 1996 como presidente de Caja Madrid, “no solo el límite cuantitativo de estas ‘tarjetas de empresa’ fue aumentando con el tiempo, sino que desapareció por completo el hasta entonces llamado ‘control cualitativo’, de forma que las tarjetas de crédito les eran entregadas a los Consejeros por quien ocupara el cargo de Secretario General en ese momento, existiendo contradicciones entre los Consejeros que han declarado sobre las instrucciones que se les daba respecto a la finalidad a la que podían destinar los gastos”, señala Andreu en su auto.
La fianza más alta se impone a José Antonio Moral Santín, que deberá desembolsar 610.000 euros, ligeramente por encima de los 608.000 euros que había solicitado la Fiscalía. El exconsejero de la entidad madrileña a propuesta de Izquierda Unida, que gastó 456.522 euros con su visa, declaró ante el juez que la tarjeta era un “complemento retributivo”, según el auto.
La más baja corresponde a Virgilio Zapatero, ministro durante la administración de Felipe González, de 11.000 euros. En la lista del juez Andreu aparece asimismo el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, actualmente en la cárcel, al que impone una fianza de 126.000 euros. Carmen Cafranga, que dejó la presidencia de la Fundación Caja Madrid tras verse envuelta en este escándalo, deberá depositar 234.000 euros.
El que fuera secretario de Estado de Hacienda durante el último gobierno de Aznar, Estanislao Rodríguez Ponga, deberá depositar 341.000 euros, mientras que Ricardo Romero de Tejada, antiguo secretario general del PP de Madrid de 1996 a 2004 (relevado por Francisco Granados) deberá poner sobre la mesa 283.000 euros. No aparece en la lista del juez Andreu, sin embargo, el empresario Arturo Fernández, que devolvió el dinero que gastó con su tarjeta.
El auto no es firme, contra él podrá presentarse un recurso en el plazo de tres días.
