El Alto Tribunal estudiará si el real decreto que fijó una indemnización de 1.350 millones para la constructora de Florentino Pérez y sus socios tiene validez legal. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los tres recursos presentados hasta la fecha contra la indemnización fijada para ACS y sus socios en el fallido proyecto Castor. De prosperar, el real decreto promovido por el Gobierno para resarcir a la constructora que preside Florentino Pérez podría quedarse en papel mojado.
Los recursos los había presentado el PSOE como grupo parlamentario, el Parlamento catalán y la propia Generalitat de Cataluña. Mientras que los socialistas presentaron su recurso a principios de año al entender que la indemnización a Escal UGS se había autorizado “sin intentar saber qué había pasado realmente” para que el depósito submarino de gas situado frente a las costas de Castellón y Tarragona no funcionase según lo previsto y tuviese que abandonarse tras varios seísmos registrados en la zona.
En este sentido, los correligionarios de Pedro Sánchez apuntaron que la indemnización de 1.350 millones de euros repercutirá durante 30 años en la tarifa del gas. Un montante que en su mayor proporción irá a las arcas de ACS, debido a su condición de socio mayoritario de la sociedad Escal UGS responsable de la explotación de la fallida instalación gasista. Además consideraron que seis artículos del decreto ley “exceden ampliamente” los criterios constitucionales fijados en la jurisprudencia de “leyes singulares”.
Por su parte, la Generalitat consideró tal y como explicó el consejero de Presidencia, Francesc Homs, que no existía “justificación y proporcionalidad” para la singularidad de la norma que abría la puerta a la milmillonaria indemnización. El Parlamento regional subrayó además que el régimen especial diferente al que convendría de la aplicación de la normativa vigente al respecto “vulnera la prohibición constitucional de la desigualdad arbitraria”.
Ahora corresponde al Alto Tribunal abordar el encaje constitucional de real decreto ley que cargó contra las arcas públicas el desmantelamiento de la planta Castor. En este sentido, se ha dado cuenta de la admisión a trámite al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno con el objeto de que se personen en el procedimiento si así lo desean en un plazo máximo de 15 días.
