La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético cree que el Gobierno actual también tiene responsabilidad en el caso de los CTC por haber permitido que prescriba y ampliarán su denuncia. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha convocado hoy a los medios para aclarar todos los detalles de su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los 3.400 millones de euros no reclamados por el Estado español a las eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTC), un importe que –según destacan- supondría el mayor caso de corrupción de España.
Desde la Plataforma, y a raíz de la publicación por el diario El País del informe de la Abogacía del Estado fechado en marzo del 2008, y de conocer a través del diario Cinco Días la elaboración de una propuesta de Orden Ministerial para efectuar la liquidación que nunca llegó a ser publicada ni sometida a la opinión pública, se insiste en que no haber realizado la liquidación corresponde a una decisión política. En este informe el Abogado General de Estado expone con claridad que sí es procedente la liquidación de los CTC, exigiendo la correspondiente devolución de las sobrerretribuciones obtenidas por las eléctricas.
Respecto al plazo de prescripción, el abogado de la Plataforma, Piet Holtrop, ha matizado que podría haberse producido en 2014, ya que la liquidación definitiva que correspondía al año 2006, no se produjo hasta el 27 de julio de 2010, por lo que los 4 años de prescripción a los que se refiere la Ley General Presupuestaria habrían concluido el 27 el julio de 2014, esto significaría que el actual Gobierno podría tener responsabilidad en los hechos.
La portavoz estatal de la Plataforma, Cote Romero, ha declarado que el hecho cobra especial relevancia ante la situación de pobreza energética en la que se encuentran siete millones de personas en España y que el importe “perdonado” a las eléctricas sería suficiente para erradicar el componente eléctrico del problema de la pobreza energética durante más de 4 años.
En todo caso, Jorge Morales Labra, experto en sector eléctrico y miembro de la plataforma, ha recordado que el Gobierno goza de herramientas legislativas que permitirían revertir la situación de forma inmediata, con ahorros en el recibo eléctrico de en torno al 9%, si las centrales eléctricas fueran sometidas ahora a una reforma similar a la sufrida por el sector de las renovables (Real Decreto 413/2014).
Los miembros de la Plataforma votarán el lunes si denuncian el caso en la Comisión Europea porque las sobrerretribuciones pueden ser ayudas de Estado ilegales. En la Unión Europea este tipo de delito no tiene plazo de prescripción, por lo que se podría exigir la devolución a las empresas eléctricas beneficiadas que revertiría directamente a los consumidores.
